Aún más cuando todavía está sobre la mesa la oportunidad de que sea también el nuevo subsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La disputa de si el Negociado de la Policía debe seguir bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Publica (DSP), como se ha cuestionado por mucho tiempo, fue una de las preguntas puntuales que se le hizo al designado comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, en la vista de nombramiento.

Por ejemplo, en el 2021, varios representantes, entre ellos el exrepresentante Jesús Manuel Ortiz, había sido vocal de que rechaza el hecho de que el DSP tenga el control sobre las compras y toma de decisiones del Negociado de Policía.

«¿Piensa que la Policía de Puerto Rico debe estar bajo el DSP?», cuestionó el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos.

«Sobre separar la policía del DSP, yo estoy aquí para hacer mi trabajo y lo que se haga en la política pública de la gobernadora, ella ha sido o ha dicho que quiere separarlo y si eso pasa, seguiré haciendo mi trabajo como comisionado, eso no cambia», contestó González Falcón.

No es un secreto que a González Falcón se le ha ofrecido el puesto de subsecretario del DSP, puesto que aún no se ha decidido, ni hablado formalmente con la gobernadora, Jenniffer González Colón.

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«Si se le ofreciera la posición de subsecretario del DSP, ¿usted la aceptaría?», interrogó el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz .

«Creo que sí, no se», fue la respuesta de González Falcón.

Ya el que fue jefe del FBI en Puerto Rico, había comentado durante la vista que la posición en el DSP se mencionó en el día del anuncio de la gobernadora a su designación, pero que no se ha vuelto a tocar el tema.

Reforma de la Policía

Otro de los temas que se trajeron en la vista de nombramientos en el Senado fue su postura ante el monitor de la Reforma de la Policía de Puerto Rico.

«Quería traer a la atención y he leído que la gobernadora va asignar a la secretaria de Estado como encargada de la reforma de la Policía y yo quisiera conocer su opinión. No en cuánto a esa toma de decisión, sino sobre la figura del monitor de la Policía de Puerto Rico porque desde mi punto de vista como hija de policías, si bien es cierto que se necesitan asesores, técnicos y refuerzos de mejorar, a mí me parece que vino como un gran castigo y que también vino como a usar el carbón para minimizar la honra del cuerpo de la Policía que entre nosotros mismos como policías, no nos podemos organizar. Por tanto, ¿usted está de acuerdo o no que exista un monitor designado y sobretodo cuando existan pugnas?», expresó la senadora penepé, Roxanna Soto Aguilú.

«De una manera u otra la prioridad para mí es salirnos de ese proceso cumpliendo con todos los reglamentos y eso será una de las primeras prioridades», destacó el designado comisionado de la policía.

Precisamente ayer, NotiCel publicó la noticia de que la gobernadora Jenniffer González Colón, notificó al tribunal federal que su representante en el caso de la Reforma de la Policía sería la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, la actual secretaria de Estado.

El 1 de octubre pasado, Besosa Stubbe había dictado que cualquier gobierno entrante tenía hasta el 1 de febrero para especificar quién sería el representante personal del nuevo gobernante en el caso. La Administración González Colón no pudo cumplir con ese plazo y pidió una extensión, confirmando a Ferraiuoli Hornedo cinco días después.

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El juez también ordenó que no hubiera cambios por lo menos hasta el 30 de junio en una lista de 60 personas y contratistas “esenciales” que intervienen en el caso, particularmente desde el Negociado de la Policía y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En la vista de estatus el 5 de diciembre pasado, el representante del Departamento de Justicia federal, Luis Saucedo, planteó dudas sobre la validez de los datos que la Policía ha logrado comenzar a compilar para demostrar progreso bajo el plan de cumplimiento de la reforma.

El monitor del tribunal, John Romero, sometió su más reciente informe de cumplimiento en diciembre. En el mismo, resaltó que el gobierno de Puerto Rico había logrado demostrar mejoría sostenida en meses recientes, pero anotó problemas de validación de datos, de rigor en la tecnología de información, de falta de transparencia en asuntos como compras y de una práctica, todavía arraigada, de no trabajar bien las investigaciones disciplinarias, especialmente si tienen que ver con oficiales de alto rango.

Durante la Administración Pierluisi Urrutia, los trabajos de reforma ocurrieron en un marco de tirantez entre el exsecretario del DSP, Alexis Torres Ríos, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, que se coronó con el primero haciendo un referido contra el segundo en la Oficina de Ética Gubernamental en septiembre pasado por supuestas violaciones en los exámenes de ascenso para sargentos y tenientes.

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