Mientras, el secretario de Justicia indica que la pesquisa de naturaleza criminal está encaminada, aunque sin fecha cierta para que se conozcan los resultados.

El senador independiente José Vargas Vidot realizará una querella formal a agencias federales para que investiguen las irregularidades del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), tras el caso de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez.

Vargas Vidot contó a NotiCel que luego de culminar el proceso de vistas, ahora se prepara para someter el informe de los hallazgos al Senado y luego realizará la querella federal, ya que no confía en las agencias estatales.

No especificó las agencias federales a las que someterá la querella.

Mientras, la Comisión de lo Jurídico que preside el líder senatorial, José Luis Dalmau Santiago, también continúa realizando su informe final de los hallazgos.

Por otro lado, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, sostuvo que la pesquisa que realiza su agencia «se encuentra bien encaminada».

«Fiscales de la División de Integridad Pública han entrevistado sobre 40 personas y se encuentran examinando vasta prueba documental. Como adelantamos, la investigación es abarcadora y meticulosa; dirigida a determinar si hubo o no comisión de delito para que quien haya fallado asuma las consecuencias de sus actos y esta situación no se repita», sostuvo Emanuelli.

Pero Vargas Vidot no confía en Justicia.

«Yo no tengo ninguna confianza en el Departamento de Justicia…Yo estaré procurando que si hago una querella a un organismo que sea de ley, yo procuraré que sea federal, porque esto es un sistema que maneja mucho dinero, que maneja un elemento fundamental en términos de seguridad del país y no se está manejando de la forma apropiada… Así que, una de mis metas y de las metas de la comisión, por lo menos de la nuestra, es fijar responsabilidades y tiene que haber una rendición de cuenta. Yo procuraré presentar querellas en donde haya que presentarla», aseguró Vargas Vidot.

«Te puedo decir desde ahora que yo le puedo conceder abiertamente y en forma documentada responsabilidades que no fueron asumidas por el Departamento de Corrección, sobre todo por la secretaria específicamente, delegando responsabilidades en personal que no estaba preparado ni adecuado para hacer las decisiones, la ausencia de supervisión en áreas que son críticas, como por ejemplo: el análisis de comunidad, el análisis de peligrosidad, el contacto con las familias de las víctimas. Que eso pudiera repetirse en la ley 25 como en cualquier otro de los programas de pase extendido, porque ese no es el único», añadió.

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador está completando su informe y evaluación a raíz de las vistas públicas que se llevaron a cabo.

En las vistas estuvo presente la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, el panel de médicos, Physician Correctional, técnicos socio-penales y Celia Cosme, quien autorizó la excarcelación del reo.

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«Nosotros estamos en esta etapa tabulando información para ver cuanta información se repite de una sola cosa, cuánta tiene que ver con elementos estructurales del sistema, en dónde están las razones por las cuales se debe rescindir el contrato de Physician Correctional, en dónde están los señalamientos formales al Departamento de Corrección y Rehabilitación por su ineficacia en fiscalización, en monitoreo y en ejecución de su deber», sostuvo el senador.

«También estamos analizando ¿qué sistemas tienen que reestructurarse en completo y tienen que visitarse con el propósito de transformarlos? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esa falta de gerencia en la supervisión, en la fiscalización y en el monitoreo? Porque yo creo que muchísimos pases que se han dado bajo diferentes renglones posiblemente no hayan pasado por la rigurosidad que deberían haber pasado, sobre todo en el área de peligrosidad de quienes están… y eso a mí me preocupa mucho», aseveró.

«Una de las cosas que te puedo adelantar, que se repiten y que es parte de nuestro informe, es que continuamente las personas se refieren dentro del departamento a que las órdenes son verbales y eso habla de mucha improvisación y sobre todo habla de manejo no de la crisis, sino de provocar crisis en forma de una gerencia reactiva. Así que, eso es un elemento que hay que subsanar»,comentó.

Vargas Vidot también adelantó que tiene el enfoque de preservar la ley 25, aunque existe oportunidad de hacerle ajustes.

“Contrario a lo que la gente piensa, la ley 25 en la medida en que vamos examinando es buenísima. Puede ser que podamos entonces sugerir algunas enmiendas para evitar el tira y jala de los reglamentos de acuerdo a las circunstancias políticas. La sucesión de reglamentos fue fatal…», indicó.

“Pero queremos preservarla y no solamente eso, sino añadirle en forma de enmienda algunos elementos que son importantes para que haya uniformidad en el criterio que se utiliza para el reclamo de pases extendidos y la implantación de ese pase», sostuvo.

Uno de los elementos que para el senador debe ser evaluado es que el confinado, cuando está un pase extendido, sigue siendo un confinado.

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«Sin embargo, mientras está en la calle, el Estado no asume ninguna responsabilidad por el continuo (seguimiento) de su salud, por la vigilancia psicológica y por las condiciones fisiológicas que en el caso de la ley 25 estipula claramente que si hay una reversión de los síntomas, la persona tiene que volver nuevamente a la prisión», explicó Vargas Vidot.

La Legislatura tiene hasta el 30 de junio para aprobar todos los informes sometidos. Por lo que, durante estas dos semanas, la Comisión e Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción deben estar sometiendo su informe final de los hallazgos.

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