Minutos antes de que se aprobara esta medida en la Comisión de Hacienda, se le solicitaba a la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, su renuncia.

El Senado aprobó una medida que ordena que se investigue al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) bajo la Ley 25-1992, para así evaluar el manejo administrativo a la excarcelación de confinados, la cantidad de pases otorgados, si el panel médico que evaluó cumplió con los reglamentos, así como evaluar las enfermedades que se consideran terminales en la práctica médica.

La Resolución del Senado 933 fue presentado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el senador independiente, José Vargas Vidot.

La medida fue radicada el mismo día que bajó por vía de descargue a la sesión y no tuvo discusión en el hemiciclo.

Esta investigación se da paso después de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, el confinado que presuntamente mató a Ivette Joan Meléndez tras lograr su excarcelación al amparo de la Ley 25, tomándole el pelo a las autoridades alegando que sufría una enfermedad terminal.

Paralelamente a la aprobación de esta medida, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón se encontraba ante la Comisión de Hacienda de la Cámara y Senado donde fue cuestionada ante la negligencia de dicha excarcelación.

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En la misma vista pública, también se solicitó la renuncia de la funcionaria por parte del representante Héctor Ferrer.

“Es momento que renuncie la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El país no aguanta…”, expresó Ferrer.

Ávila Vázquez fue excarcelado en abril 2023 por presuntamente condiciones de salud, tras alegar que padecía de parálisis progresiva. Sin embargo, exactamente un año después, es imputado de un feminicidio.

Tras el escándalo de la muerte de Meléndez, el gobierno anunció que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haría primero una investigación interna de lo ocurrido y luego, si se encontraba algún indicio de ilegalidad dentro de un término de 30 días, el Departamento de Justicia sería informado.

En estos últimos días, Escobar Pabón ha señalado que ya están compartiendo documentos con Justicia.

La ley 25-1992 es la Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico.

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Esta Ley se creó después de que la senadora Velda González de Modestti presentó el Proyecto del Senado 415, donde se estableció un ordenamiento jurídico que permitió y permite que aquellos confinados que se encuentren en una institución penal en Puerto Rico y que estén diagnosticados con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en su etapa terminal u otra enfermedad, puedan ser egresados de las instituciones.

De acuerdo a la exposición de motivos, esta ley cuya vigencia es de hace más de tres décadas, sigue vigente y solo se ha modificado en una sola ocasión.

La Ley 25 otorga un “pase extendido” al confinado de la institución penal o juvenil. También establece los requisitos que se tienen que cumplir previo a la otorgación de dicho pase.

Ahora, las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico, deberán investigar los procesos y protocolos establecidos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación para aplicar la Ley 25.

También se examinará la seguridad, incluyendo la supervisión que el Gobierno debe proveerle a la sociedad al liberar a un confinado que no ha cumplido de su sentencia a totalidad.

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Se indagará cómo se llevó a cabo la selección del Panel de médicos (Physician Correctional) llamado a evaluar los casos que son referidos en la misma Ley.

Las Comisiones deberán rendir informes de los hallazgos dentro de 30 días después de la aprobación de la Resolución y deberá rendir un informe final antes de que culmine la sesión el próximo 30 de junio.

La votación cerró con 17 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo lunes.

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