Los líderes legislativos le pidieron que no envíe los nombramientos del Secretario de Seguridad Pública y de la Policía hasta que enmienden la Ley que creó el Departamento de Seguridad Pública.

El gobernador Pedro Pierluisi Urritia no enviará para la evaluación del Senado los nombramientos de los jefes de agencia que decidió retener como parte de su equipo de trabajo como reclamó en la víspera el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau Santiago.

Al mismo tiempo, Dalmau Santiago indicó que no considerará el nombramiento de Alexis Torres Ríos como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y del coronel Antonio López Figueroa como jefe de la Policía hasta que la Legislatura complete el proceso de revisión y enmiende la Ley que creó esa agencia sombrilla, que agrupa a seis dependencias públicas.

Ayer, NotiCel anticipó que en la primera reunión de trabajo entre el Gobernador y los líderes legislativos, Dalmau Santiago plantearía que todos sus nombramientos, incluyendo los que reclutó y ocupaban puestos en la pasada administración, requerirían de confirmación senatorial para permanecer en sus posiciones.

Luego del cónclave “donde fluyó la comunicación”, el Presidente del Senado confirmó que Pierluisi Urrutia no enviará esos nombramientos para el consejo y consentimiento del cuerpo.

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Como parte de su gabinete, Pierluisi Urrutia mantuvo en su equipo de trabajo al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, al secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, y a la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller.

“Estos secretarios no fueron nombrados por él, ni evaluados por este Senado y aunque la interpretación que ha dado el tribunal es que un Gobernador que va de un cuatrienio a otro puede dejar a los funcionarios y no tienen que ser evaluados por la Legislatura, yo pienso distinto. Que si eso conlleva que yo voy a llevar ese recurso al tribunal, yo voy a evaluar las opciones que tengo”, respondió Dalmau Santiago a preguntas de NotiCel.

«La Comisión de Nombramientos aprobó su reglamento hoy (ayer) y yo empezaré con mi equipo de trabajo a evaluar si voy a tomar algún tipo de acción legislativa o judicial sobre ese asunto», abundó.

La portavoz de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró Mojica, confirmó a este medio digital que en efecto el Gobernador no enviará esos nombramientos al Senado porque el análisis legal del Ejecutivo determinó que no era necesario.

Dalmau Santiago y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez indicaron que solicitaron al Gobernador que inicie el envío de sus designaciones a la Legislatura, un proceso que se aguantó porque la Comisión de Nombramientos del Senado se constituyó el jueves pasado y ayer aprobó su reglamento.

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“Le solicitamos que le ponga prioridad a los nombramientos que son de sucesión constitucional como son el secretario de Estado y el secretario de Justicia”, precisó Dalmau Santiago.

En diciembre pasado, el Gobernador designó al licenciado Domingo Emanuelli García como secretario de Justicia y al exsenador Larry Seilhamer Rodríguez como secretario de Estado. El nombramiento de Seilhamer Rodríguez requiere la confirmación de ambos cuerpos.

“Le pedimos respetuosamente al Gobernador que desistiera, por lo menos por las próximas semanas, de los nombramientos del DSP y la Policía en lo que nosotros atendemos política pública en ese asunto. El compañero Ramón Luis Cruz Burgos ya ha hablado que va a atender una reconfiguración de lo que es el DSP”, apuntó Hernández Montanez.

“El Gobernador nos pidió no eliminarlo sino buscar la manera de llegar a un punto de encuentro”, agregó.

Al presentar los nombramientos del componente de seguridad pública en diciembre pasado, Pierluisi Urrutia consignó su intención de achicar la sombrilla del DSP, un concepto que favorece, pero que aseguró necesitaba ajustes para eliminar burocracia e imprimirle agilidad.

Adelantó que presentaría legislación para que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) regresara al Departamento de Justicia, y que evaluaría el funcionamiento de la agencia creada en el 2017 para determinar si acogía una recomendación para emancipar al Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, de forma que respondiera directamente al Gobernador o Gobernadora de turno.

El DSP está compuesto por el Negociado de la Policía, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, el Negociado de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y el Negociado de Investigaciones Especiales.

El Negociado de Ciencias Forenses formó parte de la agencia, pero la directora María Conte Miller abogó por su emancipación porque la burocracia administrativa entorpecía los trabajos de la agencia que desde inicios de mes recuperó su antiguo nombre: Instituto de Ciencias Forenses.

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Ayer, Hernández Montañez planteó la posibilidad de reorganizar la sombrilla para agrupar las agencias en dos grupos: seguridad de un lado y respuesta rápida y emergencias, del otro.

“Para mí era importante el tema financiero. Esto se vendió como un ahorro para el punto de vista del fisco y lo que ha sido es es un gasto y ha privado los recursos de la Policía y todos los recursos de seguridad”, subrayó el Presidente cameral.

Los líderes legislativos indicaron que durante la reunión con el Gobernador no se abordó el tema de las vacantes en el Tribunal Supremo y la Contraloría, pese a que esos nombramientos de envergadura quedaron pendientes del cuatrienio pasado debido a una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo.