Hay dos proyectos radicados en el Senado en esa dirección.

La propuesta de aumentar la edad de retiro obligatorio de la Policía de Puerto Rico por sobre los 60 años de edad cuenta con apoyo gubernamental, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), que se expresó a favor de que se legisle en esa dirección.

Dos propuestas legislativas fueron discutidas por la Comisión de Gobierno del Senado en una vista pública en la que participaron, además del DSP, la Junta de Retiro, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

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Una de ellas es el Proyecto del Senado 1408, que propone enmendar la Ley del Sistema de Retiro para aumentar la edad de retiro obligatorio de los miembros de la Policía a 64 años de edad.

La otra es la Resolución Conjunta del Senado 483, que busca declarar una moratoria de tres años para que los miembros del Sistema de Rango del Negociado de la Policía, que no deseen acogerse al retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo, se les autorice a continuar prestando servicios hasta la edad máxima 65 años.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, favoreció el proyecto del Senado 1408, y señaló que tal como está redactado, reconoce la capacidad que tienen los miembros del sistema de rango de la Policía de poder continuar trabajando luego de alcanzar los 58 años de edad, y con ello ofrecerles una alternativa para mejorar su situación económica y social cuando llegue el momento de retirarse.

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“Entendemos que es una medida viable y razonable, ya que no altera las edades actuales de retiro para los miembros de la uniformada. Sin embargo, les permite a aquellos que, voluntariamente, deseen trabajar en la fuerza laboral hasta los 64 años y estén emocional y físicamente aptos para hacerlo, solicitar una dispensa adicional de dos años a los 62”, indicó.

Estimó Collazo Rodríguez que, al momento, 822 agentes de 11,400 cumplen con la edad promedio para acogerse al retiro voluntario.

El director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior de la AAFAF, Luis Rivera Cruz, no expresó reparo con la aprobación del PS 1408, pues afirmó que no conlleva impacto económico o fiscal.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), representada por Roberto Rivera, sugirió sin embargo, que se le solicite al DSP y a la Junta de Retiro un estimado de impacto fiscal. Ese documento debería incluir proyecciones de agentes que se acercan a la edad establecida de retiro obligatorio, el costo de nómina y pago de beneficios marginales que representaría el postergar la fecha obligatoria de retiro, y cualquier otra información que pueda estimar el efecto presupuestario, si alguno.

El DSP estimó, por su parte, que de aprobarse una de las medidas, se beneficiarían, basado en estadísticas, 373 policías activos. Señalaron, no obstante, que es indispensable analizar los posibles riesgos que pudieran elevar la edad de retiro a 64 o 65 años, por lo que propusieron que las evaluaciones médicas, psicológicas y físicas sean de carácter mandatorio.

“A nuestro juicio, dar paso a lo pretendido no tendrá efecto en las aportaciones y en la cuantía que recibirán como parte de su pensión por retiro”, lee la ponencia del DSP, y añaden que esta información debe ser clarificada por la Junta de Retiro.