Acude ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que tome pronta acción ante la situación crítica que enfrentan miles de estudiantes.

La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) acude con urgencia ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que tome pronta acción ante la situación crítica que enfrentan miles de estudiantes con autismo en el sistema público de educación.

Dicha población es afectada por condiciones de su desarrollo académico y socio emocional por lo que la continuidad de sus servicios es esencial.

El Departamento de Educación de Puerto Rico utilizó fondos federales de reconstrucción para sufragar los servicios estipulados bajo el concepto de Remedio Provisional. La cancelación abrupta del acceso a estos fondos, por el Gobierno Federal, dejó un vacío presupuestario significativo.

La carga económica, reclama la Alianza de Autismo, fue traslada repentinamente al gobierno estatal, que ahora debe asumir la responsabilidad total de cubrir estos servicios esenciales, tales como terapias del habla y lenguaje, ocupacionales, psicológicas, apoyos académicos y conductuales individualizados.

Dichos servicios, adquiridos mediante mandatos legales y constitucionales, desempeñan un rol fundamental para que los menores puedan alcanzar su máximo potencial. Aunque la población general de educación especial ha disminuido debido la emigración provocada por desastres naturales, los diagnósticos con autismo se han mantenido en constante crecimiento y de forma acelerada, lo cual es más alarmante si nuestro sistema de educación no cuenta con los fondos para apoyar esta comunidad estudiantil.

Durante el año escolar 2012-2013 los estudiantes con autismo representaban el 2.64% de la matrícula de educación especial, para el 2024-2025 esta cifra ha escalado al 13.75%, reflejando un cambio demográfico que no puede ser ignorado. Más aún, en abril del 2025 la Red de Monitoreo de Autismo y Deficiencias en el Desarrollo en Puerto Rico (PR-ADDM), actualizó sus datos de prevalencia de autismo en la Isla, revelando que, durante el 2022, uno de cada 38 niños de ocho años (2.6%) fue identificado con autismo.

Entre los niños de cuatro años, la prevalencia aumentó a 1 de cada 21 niños (4.7%). Tras este crecimiento exponencial necesitamos una redistribución de fondos que permita desarrollar un sistema de educación robusto y con mayores recursos tanto para este año como para el próximo año 2025-2026.

La comunidad con autismo necesita servicios que requieren mayor frecuencia y abarcan múltiples áreas del desarrollo. Eso hace que su costo sea significativamente más alto que el de otros servicios educativos y terapéuticos, por lo que exhortamos a la Junta a evaluar con prioridad el bienestar de nuestros niños. Invertir en su desarrollo no solo es una responsabilidad moral y legal, sino también una decisión estratégica para el futuro del país.