Levantar bandera de status no los exime de cumplir con PROMESA, sostiene el ente fiscal.

La Junta de Control Fiscal (JCF) volvió a decirle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que el dinero necesario para la realización de la elección de la Delegación Congresional de cabilderos por la estadidad tiene que cuadrarlo con la Legislatura, potencialmente garantizando que la consulta no contará con fondos públicos.

El lunes pasado, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, indicó mediante carta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que la reasignación presupuestaria que solicitaban para asignar $6.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la celebración de la elección pautada para el 16 de mayo necesitaba autorización legislativa.

OGP ripostó con una solicitud de reconsideración basada en su argumento de que la Ley PROMESA no le otorga poder a la Legislatura para intervenir en una reasignación de fondos y que también le prohíbe a la JCF «restringir el derecho de Puerto Rico a determinar su status político futuro».

En una movida extraordinaria, la contestación de la JCF la emitió hoy el propio presidente del ente, David A. Skeel, en vez de Jaresko. Skeel subrayó que la Junta no ha denegado la solicitud sino que pospuso su decisión hasta que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo porque la reasignación que se pide no es común y corriente. Responde a una nueva ley (del 30 de diciembre de 2020) que plantea un gasto nuevo sin decir de dónde viene el dinero y que no está contemplada ni en el Plan Fiscal ni en el propio presupuesto aprobado para el año fiscal corriente.

Vea: Junta Fiscal se lava las manos sobre los fondos de elección de cabilderos por la estadidad

El presidente del ente resistió la interpretación de que su decisión interfiere con la autodeterminación de los puertorriqueños. La sección de PROMESA a la que alude OGP sobre el status «no requiere que la Junta certifique que la solicitud de reasignación es inconsistente con el Plan Fiscal y el presupuesto o tomar ninguna otra acción». «Tampoco es una excusa para el incumplimiento con cualquiera de los requisitos establecidos en PROMESA», afirmó.

Skeel añadió que la posición del gobierno implica que podrían imponer un nuevo gasto sin que la Legislatura lo apruebe o lo imponga la Junta, apreciación que rechazó. «[P]or favor, provea prontamente cualquier autoridad que usted entienda que apoya dicho poder», apuntó.

Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.