La directriz está fundamentada en una orden ejecutiva que elimina la iniciativa de la Administración Pierluisi Urrutia para establecer salario mínimo en las obras pagadas con fondos federales.

La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) le ordenó a LUMA Energy LLC retirar los privilegios sindicales de la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), local 222, en todos los proyectos de reconstrucción que lleven a cabo en la red eléctrica.

La comunicación del miércoles viene después de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara, también ayer, la orden ejecutiva 2025-15 que derogó las disposiciones principales de una orden ejecutiva que había firmado su antecesor, Pedro Pierluisi Urrutia, en 2022.

Con esa iniciativa, la pasada administración estableció un salario mínimo de $15 la hora para los obreros diestros que trabajaran en los proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales. Además, impuso el Programa Piloto para la Incorporación de Acuerdos Laborales de Proyectos (o ALP), que aplicaría a proyectos con valor de más de $5 millones. El acuerdo de LUMA con el sindicato es previo a esa orden de Pierluisi Urrutia.

En su carta, el director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón Ortiz, indicó a LUMA que, tras revisar los resultados desde junio de 2021, “es evidente que el ALP impone requisitos onerosos que restringen la participación de contratistas locales, crea ineficiencias, infla los costos y limita la competencia”. “Peor, conduce a atrasos”, añadió.

Con el ALP, los licitadores que participan en proyectos que maneja LUMA en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estaban obligados a incluir las protecciones laborales pactadas, incluyendo el salario mínimo de $15 la hora. La orden de la AAPP es que deje aplicarse ese ALP en las licitaciones y proyectos.

Al insistir en que eliminar esto bajará costos y acelerará los proyectos, Colón Ortiz indicó a LUMA que “todos los interesados, incluyendo a LUMA, deben eliminar obstáculos burocráticos innecesarios, y permitir que el trabajo crítico bajo el contrato de operación proceda sin atraso ni ineficiencias”.

La orden de Pierluisi Urrutia había provocado encono en el sector de construcción del país porque argumentaban que aumentaba los costos para todos los demás proyectos en la isla.

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