El jefe del NIE, un componente del DSP, entiende hay vínculo entre compra legal de municiones y el bajo mundo, pero la agencia de seguridad no pidió controles en la venta de municiones durante vista del Senado.

El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), un componente del Departamento de Seguridad Pública (DSP), reveló la semana pasada los resultados de un operativo de 18 meses en el que detectaron que municiones compradas legalmente acababan en manos de criminales, pero, el día después del anuncio, el DSP no pidió al Senado controles sobre eso durante una vista pública para evaluar enmiendas a la Ley de Armas.

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que preside el senador del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, evalúa enmiendas a la Ley de Armas que la Cámara de Representantes ya aprobó mediante el sustitutivo a los proyectos de la Cámara 575 y 382. En ese proceso, el Senado puede trabajar sobre el lenguaje que aprobó la Cámara o introducir sus propias enmiendas.

Los cambios a la Ley de Armas, a menos de tres años de su última revisión, los impulsa la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), cuyo presidente, Ariel Torres Meléndez, ha indicado en un proceso judicial que algunas de las enmiendas promovidas le benefician directamente en controversias que mantiene en el foro administrativo por la operación de una armería en el casco del pueblo de Trujillo Alto. Impulsado por CODEPOLA, Rivera Schatz timoneó la anterior reforma de la Ley de Armas y la entidad le ha correspondido con apoyo político y el reconocimiento máximo que entregan cada año.

Uno de los cambios a la Ley de Armas que Rivera Schatz viabilizó fue eliminar los topes en la venta de municiones. Desde 2020, no hay límites a la cantidad de municiones que una persona con licencia puede comprar, siempre que las municiones correspondan a las armas para las que tiene licencia. De hecho, lo que existe es una limitación a la capacidad de las autoridades porque se indica en la ley que se podrá intervenir con la persona para propósitos investigativos solo después de que compre 20,000 municiones.

El martes pasado, el DSP, el NIE y el Departamento de Justicia anunciaron el diligenciamiento de 30 órdenes de arresto como resultado de una investigación de 18 meses en las que agentes encubiertos habían documentado venta ilegal de armas y municiones. Particularmente en cuanto a las municiones, el operativo detectó vínculo entre personas con licencia que adquirían las balas legalmente y las vendían a elementos del bajo mundo.

“De mi parte, yo sugeriría unas enmiendas a la Ley de Armas que puedan ayudarnos un poco a perseguir a este tipo de personas. Porque sí, en efecto, hay una relación entre estas personas y la cantidad de municiones que compran. Para mí, es un indicador bien importante. Hay unas limitaciones en la Ley de Armas que pudiéramos entrar a través del Departamento (de Seguridad Pública) a hacer algunos proyectos para mejorar esa Ley de Armas en esa parte, específicamente sobre la cantidad de municiones que una persona puede comprar al año”, dijo el martes en la conferencia de prensa el comisionado del NIE, Rafael Freytes.

“Podemos establecer una relación bien particular entre vendedores de armas y la cantidad de municiones compradas por las personas que específicamente tienen licencia para portar armas porque las que son convictas no pueden, pero sí hay personas que tienen licencia… con licencia adquieren muchas municiones y podemos, a través de los sistemas del Departamento, ver esa relación”, añadió, aunque aclaró se trata de su “apreciación personal” basada en su experiencia investigativa y en lo visto “particularmente con este caso”. Dijo también que la conferencia no era el “foro” para discutir eso a fondo y aludió a la controversia que levantan las discusiones sobre cambios a la Ley de Armas.

En la conferencia, el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, refrendó a Freytes indicando que lo de las municiones “es un área de preocupación para nosotros”, pero, el día después, presentó una ponencia al Senado en la que no pidió limitación a la venta de municiones o levantar las restricciones investigativas. En la vista del jueves, dijo que Freytes explicaría a los legisladores por su cuenta lo que piensa sobre la Ley de Armas.

A preguntas de NotiCel sobre por qué no se pidieron cambios sobre las municiones, la portavoz del DSP, Ivonne Rosario, indicó que la ponencia de Torres Ríos “se circunscribió a ofrecer sus comentarios sobre las enmiendas al Proyecto Sustitutivo PC 382 y PC 575 y el tema de las municiones no fue objeto de enmienda”. Sin embargo, en su ponencia el Secretario aprovechó para pedir que se añadan dos enmiendas que no estaban entre las enmiendas bajo discusión.

En las ponencias, tanto Torres Ríos como el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijeron claramente que se oponían a una enmienda que permitiría la ubicación de armerías y campos de tiro a 300 metros de planteles escolares. Pero, en la vista, parecieron favorecer la opinión de Rivera Schatz de que eso debe aplicar solo a campos de tiro abiertos, pero no a los cerrados. El problema de Torres Meléndez es, precisamente, que su armería y club de tiro en Trujillo Alto ocupa cerca de una escuela.

Tras el operativo, el representante José Bernardo Márquez Reyes dijo que buscaría enmiendas a la Ley de Armas para limitar la venta de municiones basado también en un informe del Instituto de Estadísticas que documentó la importación de 12.7 millones de proyectiles, o municiones, para armas de fuego tan solo en 2019. Ese número se traduce a aproximadamente cuatro municiones por cada habitante de la isla.

En comparecencias públicas después del operativo, Torres Meléndez defendió que la compra de municiones no tenga límites de cantidad indicando que, en su hogar, su esposa, su hijo y él practican la caza y el tiro al blanco, por lo que consumen 48,000 balas a mes. Pero, en un reportaje de 2021, Torres Meléndez dijo que el precio de la caja de 50 balas estaba entre los $40 y $50, por lo que su consumo de municiones costaría, al menos, $38,400 mensuales.

Vea:

Piden enmienda a Ley de Armas para contrarrestar reventa de balas

NIE saca de circulación a 30 vendedores de armas ilegales

Cámara aprobó tener armerías y clubes de tiro cerca de escuelas, lo que favorece a cabildero

Ponencias:

DSP

Education

Justicia

Corrección

CODEPOLA

Federación de Tiro

Brother’s Armory

Asociación de Armeros