El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó el Proyecto de Administración 1 (Proyecto de la Cámara 533) que permitirá que pensionados vuelvan a trabajar en el servicio publico.
“Nuestros pensionados cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario para seguir sirviéndole bien a nuestra Isla y pueden ser todavía muy productivos. Tenemos muchas agencias que requieren esas destrezas y peritaje para seguir pasando ese conocimiento a otros empleados. Esta ley permite que aquellos retirados del gobierno que así lo deseen puedan regresar a tiempo parcial a trabajar en el servicio público lo que les ayudará también a recibir una remuneración adicional al tiempo que le sirven a Puerto Rico”, dijo el gobernador en declaraciones escritas sobre la medida que forma parte de su programa de Gobierno.
El nuevo estatuto de ley aplicará a toda persona que se haya pensionado por retiro, por edad, años de servicio, por programas de retiro incentivado y de transición voluntaria. Todos los que sean partícipes tendrán empleo regular parcial. Este empleo en tiempo y en la retribución no excederá la mitad de la jornada regular de trabajo. La retribución será no mayor de la mitad de la que le correspondería en el mismo empleo si fuera de jornada completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público. Todo esto sin que el pago por pensión o retiro que reciba del Gobierno, incluyendo sus instrumentalidades, así como de cualquier fondo de retiro o pensión creado, o que se cree en un futuro, sea suspendido al ocupar nuevamente un cargo en el Estado.
Tanto la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Justicia, la Junta de Retiro y la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF) se expresaron a favor del proyecto de administración.
La OATRH, la Junta de Retiro y la OGP deberán elaborar en 30 días el Reglamento Conjunto para el reclutamiento de pensionados y retirados del Gobierno.
La medida fue presentada el 16 de febrero de 2021. La votación fue casi unánime con excepción del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en ambas cámaras legislativas.
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