La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López informó que espera que la medida que busca garantizar la competencia justa en las compañías de telecomunicaciones sea aprobada pronto para que las empresas se puedan beneficiar de igual a igual.

‘La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones favoreció la medida en términos de que tú tienes una industria que ahora mismo genera al fisco unos ingresos sustanciales. Y obviamente se ha desarrollado por la competencia y han tenido unos precios dentro del marco justos y razonables que es un segmento del consumidor por el que yo tengo que velar. Si como regulador, yo permito que haya una competencia desleal, estoy trastocando ese mercado’, sostuvo Torres López.

A estos efectos, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, inició la evaluación del proyecto del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, que crea la ‘Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico’.

El Proyecto de la Cámara 27, también enmienda la ‘Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996’, a fin de regular la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones en la isla.

La pieza prohíbe que las agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios, corporaciones municipales y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, provean, al detal, servicios de telecomunicaciones, servicios de información cable televisión, IPTV y DBS, ya sea de forma directa o a través de alguna división, subsidiaria o tercero.

Torres López, sostuvo que la política pública de la actual administración establece claramente que el Gobierno es un ente facilitador en la provisión de servicios, y no un competidor.

‘Esta enmienda hace que haya una igualdad de acceso a los activos del Pueblo de Puerto Rico. La Junta tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para validar que los cargos por esta utilización sean justos, razonables, y no discriminatorios’, manifestó la Presidenta.

‘La política pública contenida en el proyecto, es consistente con las disposiciones de PROMESA, las cuales promueven el desarrollo de la empresa privada y que la gestión gubernamental sea una de facilitar’, planteó.

Finalmente, el Presidente de la comisión sostuvo que la comisión seguirá evaluando la pieza y que cualquier determinación final será para beneficiar a los consumidores y para romper las cadenas del monopolio.