Los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por acumulación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, emplazaron el miercoles tanto a la Rama Ejecutiva como a la Legislativa, a que se inicie una discusión parlamentaria para hacer permanente y aumentar de cuatro por ciento a ocho por ciento, el impuesto a las corporaciones foráneas cuya vigencia, facultada por la Ley 154 de 2010, vence el año próximo.

‘Resulta inconcebible y una irresponsabilidad crasa que a estas alturas el Gobierno del Partido Popular, no sólo esté rezagado en la elaboración y presentación del Presupuesto, si no, además, que no se haya planteado cómo van a equiparar los 1,900 millones de dólares provenientes del impuesto a las compañías foráneas. Es contradictorio, también, que el Gobernador, que ha mostrado una enorme preocupación por los 50 millones de dólares que se dejarían de recaudar con la eliminación del ‘B2B’, no le haya explicado al País cómo se generarán los recaudos de lo que representa casi una cuarta parte del presupuesto actual. Se trata, por un lado, de castigar a los ciudadanos de a pie, a los pequeños y medianos comerciantes y, por el otro, favorecer a los sectores corporativos que han contado con beneficios históricos y que seguramente pueden aportar más al erario’, señaló el también secretario general del PIP en un comunicado de prensa.

Por su parte, Márquez Lebrón reclamó un proceso transparente e inclusivo en cuanto a la confección del Presupuesto.

‘La tardanza en la preparación del Presupuesto atenta contra las obligaciones legislativas porque limita el tiempo para evaluar, analizar y aquilatar ponderada y responsablemente la información de las agencias y dependencias gubernamentales que conduzca a una eficaz distribución según las necesidades que se demuestren y la realidad fiscal del país. Pero, además, tiene que ser un proceso totalmente transparente en inclusivo, máxime si existe la intención o posibilidad de recortes presupuestarios que afecten los servicios más apremiantes a la ciudadanía. No podemos confiar en una administración que intentó gravar los servicios de salud y educación con el IVA, que ha abandonado de la forma más insensible a estudiantes y a los niños y niñas de educación especial con la falta de pago a transportistas y terapistas, entre muchos otros abusos y atropellos. Ante esa realidad, es imperativa la participación de todos los sectores en el proceso deliberativo y decisional del Presupuesto’, indicó el abogado laboral e independentista.