La presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge, rechazó el lunes la medida senatorial que limitaría a $2,000 el uso en efectivo en todas las transacciones comerciales, y que obligaría a los violadores de la propuesta ley a pagar multas de sobre $5,000 en penalidades, al destacar que la misma impone límites injustos a la forma de hacer negocios.

De paso, rechazó que el Senado no invitara a su organización a deponer sobre el asunto.

‘No estamos a favor. No nos pueden limitar la forma de hacer negocios porque eso nos impide recibir un pago por algo comprado’, dijo.

Monge destacó que hay un número de personas en Puerto Rico que no tienen cuentas en los bancos y se les están imponiendo restricciones a la hora de hacer compras. ‘Nosotros estamos obligados a aceptar cuando nos pagan con moneda americana’, dijo.

El proyecto del Senado 568 también limitaría el uso de efectivo en transacciones hechas con moneda extranjera, pero no aplica a depósitos, reintegros o retiros hechos en los bancos, los cuales por disposición federal deben reportar todo depósito mayor de $10,000. También aplica a transacciones hechas por servicios profesionales.

El autor de la medida, Luis Daniel Rivera, aseguró recientemente a NotiCel que la medida protege al consumidor a la hora de reclamarle una garantía al comercio por la compra de bienes al tener prueba documentada de la compra.

A la vez permitirá a Hacienda poder monitorear más hábilmente la evasión de impuestos por parte del comercio. ‘Cuando se usa efectivo es más fácil para el comerciante cometer evasión y no reportar ingresos’, dijo.

Según Rivera, la medida ayudará a aumentar los recaudos de Hacienda en momentos de crisis fiscal, aunque no dijo cuánto más se espera recaudar en ingresos. También aseguró que la medida cuenta con los votos para ser aprobada a pesar de que ha estado en espera de bajar a votación desde la pasada sesión legislativa.

Oponentes de la medida aseguran que la misma podría ser en detrimento del libre flujo de bienes y constituir una invasión a la privacidad al obligar a todas las personas a usar cheque o tarjeta para cualquier transacción comercial mayor de $2,000 en un mundo donde el robo de datos personales prevalece. Además, aseguran que la misma significa un aumento en las inspecciones y la fiscalización del Departamento de Hacienda sobre el comercio.