El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Bernardo Vázquez Santos, aseguró que nadie puede detener la Alianza Público Privada que se cuaja para la administración del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, ni siquiera el pleito que ha entablado el principal concesionario, Caribbean Airport Facilities (CAF), que alega se le deben $50 millones por créditos.

CAF, el mayor concesionario que tiene el aeropuerto, presentó una demanda con la que sostiene que la AP se ha negado a reconocer los créditos por las mejoras que ha realizado a las instalaciones físicas y que ahora intentan expropiar como parte del proceso de privatización bajo el modelo de APP.

Vázques Santos, sin embargo, adujo que son los dueños de CAF los que deben al aeropuerto y que su posición es que la resolución del pleito depende de una interpretación judicial. Indicó que son dos pleitos los que ambas partes tienen en el tribunal, uno por la cuestión de los créditos y otro por la expropiación que pretenden hacer.

Sobre el primero, señaló que ‘los contratos dicen que hay un 9.5% (de intereses por la inversión realizada), pero no dicen por cuanto tiempo. Unos dicen que es por un año, otros que es por 10 años y ellos (CAF) dicen que es por toda la vida. El resultado de eso es que ellos nunca han pagado un solo centavo de renta en el aeropuerto en todos (estos) años’.

El director ejecutivo de Puertos explicó que cuando se trata de obras grandes, la AP permite que se haga la inversión y luego se le haga una reducción, o se dé créditos en la renta, hasta que se pague la obra. ‘Este es el único caso que tenemos en el que la persona ha hecho esa inversión, hace 30 años, y todavía no se ha pagado esa deuda’, dijo.

Según Vázquez Santos, CAF invirtió primero $25 millones en mejoras al aeropuerto hace cerca de 30 años y luego invirtió $10 millones adicionales.

Un ultimátum que CAF sometió por escrito el 16 de mayo pasado a la Junta de Directores de la AP aduce que con esta posición, la Junta de Directores ‘está exponiendo a la AP a serias consecuencias al permitir que continué la Alianza Público Privada (APP) y con su envolvimiento en un intento tortuoso de expropiación’. Así se establece en el documento, en manos de NotiCel, enviado por el presidente de la empresa, Anthony Tirri.

‘La APP no se detiene ni se atrasa de ninguna forma. La APP sigue a toda velocidad. No nos sentimos amenazados, el hecho de que tengamos unos pleito en los tribunales no detiene este proceso’, enfatizó Vázquez Santos al decir que de 12 proponentes ya se ha reducido la lista a dos, una empresa mexicana y otra española, cuyas propuestas se siguen evaluando.

‘Esto es un pleito de interpretación de contrato y va a depender del análisis que el tribunal haga de cuál fue la intención de las partes al momento de firmar el contrato’, argumentó.

Sobre el pleito de expropiación, dijo que ‘al estado, como organización política, se le reconoce el derecho de expropiación, así que cuando hay un uso público necesario, el estado puede expropiar, el único requisito es que se pague el justo precio en el mercado. No hay base legal alguna para que alguien impida que el pueblo de Puerto Rico expropie’. El pleito presentado por la AP consigna $25 millones como compensación total. Sin embargo, CAF persigue transar por al menos el doble del monto provisto para todos los concesionarios, por virtud del supuesto crédito.

Según se desprende de una carta dirigida al presidente de la Junta de Directores, Rubén Hernández Gregorat, CAF ha estado en negociaciones con la Autoridad desde el 2009, cuando sometieron una oferta de venta de las instalaciones de operar cargar y del hotel del aeropuerto y los créditos restantes por $97,500,000. El pasado enero, un mes después del intento de expropiar, se acordó transar por medio millón de dólares, sin incluir el hotel.

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