Uno, firmado junto a Carmelo Ríos, aceleraba la entrega de documentos a pacientes. El otro incluía a los Vigilantes de Recursos Naturales en el Plan de Salud Vital.

 La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón vetó tres medidas por estas no contemplar o atender su impacto fiscal o por ser contradictorias a objetivos de la administración. Entre estas, dos del senador penepé Juan Oscar Morales.

Entre ambos ha existido un feudo por meses.

En un comunicado de prensa, La Fortaleza se refirió al Proyecto del Senado 531, de Morales y Ríos, que busca promover un mayor acceso a información médica de pacientes, su implementación, tal como está redactada, podría tener el efecto contrario al imponer cargas operacionales y fiscales que dificulten su cumplimiento efectivo por parte de las instituciones de salud.

“Esta administración no cierra las puertas a trabajar alternativas futuras con costos reales para atender el acceso a la información y que las mismas sean correctas a favor de nuestro componente de salud”, lee el veto.

La implementación de esta legislación implicaría un costo adicional estimado al sector privado de la salud entre 200,000 y $350,000 recurrentes anual. Asimismo, la medida establece un tope máximo de veinticinco dólares ($25) por la reproducción de expedientes médicos, el cual no cubre los costos reales de producción.

La medida, entre otras cosas, ordenaba a todo proveedor y toda entidad aseguradora brindar a los pacientes acceso rápido a los expedientes y récords. El paciente tendría el derecho a recibir, tanto de los médicos como de las entidades médico hospitalarias, copia de su récord médico, expediente médico o de salud, ya sea de forma física o digital, dentro de un término de 10 días calendario, contados a partir de su solicitud. El costo no excedería de 75 centavos por página hasta un máximo de $25 por récord médico.

Además disponía que cuando cualquiera de las partes, entiéndase proveedor de servicio médico o
paciente, dé por terminada la relación médico-paciente, dicho récord médico deberá ser entregado al paciente, padre, madre o tutor, libre de costo, en un período que no excederá de cinco días laborables.

El proyecto también contemplaba multas por hasta $20,000.

Proyecto del Senado 582
La medida busca incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos; sin embargo, no ofrece un mecanismo de financiamiento adecuado y sin certeza actuarial, indicó La Fortaleza. Ante la falta de recursos para financiar la propuesta y la falta de estudios y data necesaria, la implementación de la medida podría comprometer el acceso a servicios de salud para poblaciones más vulnerables y afectar la estabilidad del sistema, lo cual terminaría incluso afectando a aquellos que pretende beneficiar.

“Reconozco y valoro profundamente la labor que realizan estos servidores públicos, así como la naturaleza esencial de sus funciones en la protección de nuestros recursos naturales. No obstante, la aprobación de esta medida presenta serias consideraciones fiscales y programáticas que no pueden ser ignoradas”, lee el veto.

La medida conlleva un impacto fiscal recurrente sobre el Plan de Salud del Gobierno, sin que se haya identificado una fuente de financiamiento recurrente. Tanto el Departamento de Salud como la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) condicionaron su respaldo a la asignación de fondos adicionales, advirtiendo que la aportación patronal propuesta no sería suficiente para cubrir el costo real del beneficio y que la mayoría de los beneficiarios probablemente serían cubiertos con fondos estatales, aumentando la presión sobre recursos ya limitados.

Resolución Conjunta del Senado 24
La medida ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, la viabilidad de transferir al Municipio de San Germán los terrenos y propiedades inmuebles, incluyendo todas las instalaciones y edificaciones del Antiguo Centro de Transbordo localizado en dicho municipio perteneciente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, con el fin de que se desarrolle una planta de reciclaje.

El veto se produce porque el DRNA está elaborando el Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos, el cual contempla la evaluación integral de la infraestructura existente en Puerto Rico, incluyendo instalaciones como la Antigua Estación de Transbordo objeto de la medida.

Adelantar el traspaso de esta instalación sin haber culminado el análisis contemplado en el Plan podría resultar inconsistente con los objetivos de planificación integrada, así como limitar la capacidad del Gobierno para maximizar el uso eficiente de sus recursos y atender de manera uniforme las necesidades a nivel isla.