A Quanta, de Texas, se le han otorgado cuatro contratos, aunque el gobierno mantiene una disputa pública por la continuación del contrato de LUMA.

Quanta Services, una de las dos empresas que conforman el consorcio LUMA Energy que opera la red eléctrica en la isla, ha recibido contratos con valor de $602.5 millones durante la Administración González Colón, a la vez que la mandataria y su equipo mantienen críticas y acciones legales por la forma en que se ha manejado el contrato de operación de la red.

Los contratos por $602.5 millones otorgados desde febrero de 2025 se suman a uno por $95 millones que la misma LUMA le otorgó a Quanta en 2022 bajo la declaración de emergencia por el huracán Fiona y que es objeto de un proceso de impugnación por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Los cuatro contratos son a través de Quanta Services Solutions PR LLC (QSSPR), una filial que creó Quanta en la isla y que se constituye como una hermana corporativa de LUMA Energy. A QSSPR fue que fue a trabajar Francisco Berríos Portela, justo el mes después de que terminara sus labores como el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza bajo el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El acuerdo más reciente es por $525 millones y lo aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ayer, miércoles. Dura tres años y es para construcción de infraestructura eléctrica, incluyendo bajo tierra, y cableado. Se pagaría con fondos federales.

El lunes, el ente fiscal aprobó otro convenio, también pagado con fondos federales, por $75 millones para instalación y reemplazo de luminarias públicas durante los próximos tres años. Hace más de 10 años se propuso que las luminarias públicas en la isla las supliera una empresa creada en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, pero la AEE, y ahora su operador privado, no han aceptado la propuesta.

Otro de los contratos este año no fue bajo una declaración de emergencia, como el de Fiona, pero fue también de manera directa. El acuerdo del 13 de agosto de 2025 tiene vigencia hasta 2027 y no pasó por el proceso de aprobación de la JSF porque su valor estipulado es de $2.5 millones, por debajo del nivel que activa la revisión del ente fiscal. El contrato de “gerencia de proyectos” es para que, entre otras cosas, “un equipo de dos personas” inspeccione activos del sistema, tales como líneas, subestaciones y luminarias. No se especifica si este contrato es pagadero con dinero federal.

Aunque ninguno de los contratos de este año está justificado mediante declaración de emergencia, como el de $95 millones que FEMA objetó, han ocurrido mediante contratación directa, como el de gerencia de proyectos, o usando la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP). Esta oficina, que corre la empresa Regulatory Compliance Services Corp. (RCSC) mediante contrato, fue creada específicamente para que LUMA y el operador privado de generación, Genera PR, puedan tener la oportunidad de darle contratos a sus compañías matrices y afiliadas sin que se señale como un conflicto de interés.

Aún con la 3PPO como amortiguador de conflictos de interés, sus procesos han sido objeto de señalamientos por parte de la Junta. En el caso de Genera PR, el ente fiscal ha criticado decisiones de esa oficina en la negociación del contrato de suplido de gas a largo plazo con la matriz del operador privado, New Fortress Energy (NFE).

En los contratos de LUMA, aunque los ha aprobado, la JSF también ha hecho observaciones. Para el de $525 millones, se indicó que inicialmente no se proveyó información sobre la razonabilidad de costos y, de hecho, la información provista no aclara por qué los costos reconocidos en la propuesta de QSSPR son mayores a los que estaban en una estimado de costos independiente. Además, en el de $75 millones, observan que inicialmente no se proveyó información sobre cómo se estableció el tope de $75 millones ni tampoco que las propuestas de precio fueran finales y firmes.

Estos contratos son separados y aparte de los $105 millones que cobran anualmente como tarifa por operar el sistema.

Vea:

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