Esta legislación enmendaría la Ley 168 del 4 de mayo de 1949 y se instalarían los cambiadores de adultos tanto en los baños para damas como en los baños para caballeros.

Sectores que representan a las personas con impedimentos y algunas agencias gubernamentales dieron el jueves luz verde para que en Puerto Rico se puedan instalar en los baños asistidos o familiares, los llamados cambiadores universales, también conocidos como los “adult changing table”, lo que le otorgaría igualdad de condiciones a esta población.

En la vista pública que se evaluó el Proyecto de la Cámara 937,  el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) endosó el proyecto, pero sugirió que la Oficina de Permisos (OGPe) pueda establecer mecanismos para verificar este cumplimiento con inspecciones periódicas y sanciones efectivas en caso de incumplimiento.

“Proponemos la creación de incentivos para las entidades que implementen estas medidas antes del término requerido, así como campañas educativas para orientar sobre la importancia de los cambiadores universales”, recomendó.

Esta legislación enmendaría la Ley 168 del 4 de mayo de 1949 y se instalarían los cambiadores de adultos tanto en los baños para damas como en los baños para caballeros. 

La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) estableció ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, que preside el representante Ricardo Rey Ocasio Ramos, que el cambiador debe ser fijado a la pared y que debe estar a un mínimo de 28 pulgadas y a un máximo de 34 pulgadas del piso.

Ya existen jurisdicciones en los Estados Unidos como: Arizona California, Illinois, Maryland, Minnesota y New Hampshire, que cuentan con legislación aprobada  para requerir la instalación de cambiadores universales o accesibles para personas con impedimentos.   

Recientemente, a nivel federal, también fue aprobada una enmienda a la ley federal “FAA Reauthorization Act of 2024”, para requerirle a los aeropuertos instalar y mantener al menos un cambiador universal en los edificios de terminales de pasajeros. 

Por tanto, la P de la C 937 también obligará a facilidades públicas y privadas a proveer el cambiador universal, así como en todos los aeropuertos de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendó por su parte, que la ejecución del proyecto sea en coordinación de varias agencias estatales, como por ejemplo, el DPI, el DTOP, AEP y ASG para: 

1. Implementación escalonada comenzando con edificios públicos nuevos y remodelaciones significativas para distribuir los costos en varios ejercicios fiscales.

2. Aprovechamiento de fondos federales y estatales disponibles bajo programas ADA, ARPA o CDBG dirigidos a mejoras de accesibilidad e infraestructura.

3. Incorporación de incentivos contributivos o certificaciones de accesibilidad para entidades privadas que instalen voluntariamente cambiadores universales.

4. Campaña de orientación y cumplimiento en coordinación con OPPEA y DPI dirigida a promover el cumplimiento normativo y la sensibilización pública sobre la importancia de estas instalaciones”.

«Se estima que este tipo de política pública puede generar valor social, económico e institucional al fomentar un entorno mas inclusivo y accesible. Mejora la calidad de vida de las personas con impedimentos y adultos mayores, refuerza los lazos familiares y comunitarios al reducir la exclusión. Económicamente puede incentivar la actividad comercial y turística al hacer las instalaciones más atractivas y accesibles para todos los ciudadanos”, concluyó OGP.