La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) radicó una querella ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés) por el riesgo de que familias que sufrieron daños en su hogar tras el paso del huracán María, puedan ser objeto de exclusiones o desplazamientos por parte del Gobierno de Puerto Rico.

Esta querella tiene como base unas nuevas guías publicadas por el Departamento de Vivienda en la isla para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación que cobija a los damnificados.

‘Las guías de implementación no contemplan medidas de mitigación y adaptación a riesgos para evitar desplazamientos. El Plan de Acción y las guías de implementación son requisitos de HUD al gobierno de Puerto Rico para poder recibir y usar fondos Community Development Block Grant

(CDBG-DR, por sus siglas en inglés)’, dijo Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.

‘Entendemos que, al actuar de esta manera, el Departamento de la Vivienda viola la reglamentación federal de los fondos CDBG-DR. Las personas tienen derecho a vivir en condiciones seguras. Tanto la mitigación – para la que se recibieron fondos – como la adaptación pueden ser alternativas. En aquellos casos donde hay que relocalizar, ésta debe ser la última opción y debe hacerse con respeto a la comunidad’, añadió.

En su querella, ALPR también denunció que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico solamente publicó en inglés las guías de implementación para el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de CDBG-DR, lo es una violación Título VI de la Ley federal de Derechos Civiles de 1994.