La Policía está usando justificaciones inventadas para intervenir con ciudadanos, en violación a sus derechos, consigna también el monitor del tribunal federal.

El Monitor Federal para la Reforma de la Policía, John J. Romero, indicó al tribunal que el Gobierno de Puerto Rico y el Negociado de la Policía no tuvieron progreso en cuanto a implantación de la reforma en los últimos tres meses, realizó múltiples señalamientos de deficiencias y volvió a resaltar la falta de colaboración entre la Policía y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), lo que el secretario de esa agencia ha negado.

Romero sometió su informe, el séptimo, al juez Francisco Besosa el jueves pasado. Relata que al principio del periodo de monitoría de su informe (abril pasado), y en aras de ayudar al gobierno a mejorar su desempeño, proveyó un documento que identificada acciones que requerían esfuerzo mínimo de implantación, pero que impactarían beneficiosamente el nivel de cumplimiento. Cosas que se podrían llamar “mangó bajito”, pero “el gobierno no actuó sobre la mayoría”.

“El gobierno no ha logrado progreso durante este periodo de monitoreo”, afirmó.

“[E]s integral que la Policía y el DSP trabajen colaborativamente para lograr cumplimiento”, dijo al apuntar también que el DSP, “una entidad que no existía cuando el acuerdo (de Reforma) fue ejecutado por las partes, le ha quitado a la Policía control de sus compras, recursos humanos, de las investigaciones para reclutamiento y también le ha quitado unilateralmente abogados de la Oficina de Asuntos Legales, lo que ha dificultado el cumplimiento en cuanto a las investigaciones de querellas contra miembros de la fuerza.

El señalamiento reiterado ocurre cuando el juez Besosa tiene ante sí un plan para que toda la responsabilidad de la implantación de la Reforma recaiga sobre el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, quien ha negado que haya un problema de colaboración entre él y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa. En una entrevista con NotiCel, el secretario del DSP no pudo detallar cómo llevaría la Policía a cumplimiento, de recibir tal encomienda, y solo recurrió a mencionar la tecnología como la herramienta con la que se lograrían los avances.

Pero el informe del monitor expone que “el gobierno todavía está por demostrar una capacidad sustentable, o suficiente respaldo de su liderato más alto, para mover los esfuerzos de la División de Tecnología de la Policía adelante y obtener soluciones tecnológicas efectivas”. “Esta aparente falta de involucración hace cuestionar el compromiso del alto liderato con la prioridad de la modernización tecnológica”, añadió.

En otras áreas, Romero pidió una investigación urgente a la Policía sobre la práctica de los agentes de justificar intervenciones y registros a los ciudadanos usando una justificación que llaman “propio conocimiento”. Esta justificación no existe en ninguna de la políticas y manuales aprobados, pero se usa para fundamentar registros sin una orden de allanamiento y sin consentimiento de las personas registradas. “La Policía tiene que explicar qué es esto, si está autorizado y dónde. Si se determina que no está autorizado, entonces la Policía tiene que emitir inmediatamente una orden de cese y desista de esta práctica”, indicó.

De la misma manera, el Monitor volvió a señalar la falta de rigurosidad en registrar los incidentes de uso de fuerza, al punto de que su oficina no puede asegurar que los informes de uso de fuerza que han revisado sean de alguna manera proporcionales o representativos del número total de incidentes de uso de fuerza que ocurrieron en el periodo de monitoreo. Con esta salvedad, el monitor consigna que en el periodo que cubre el informe, la Policía le notificó de 861 instancias de uso de fuerza en 424 incidentes.

Este tipo de informe es el que se tendría que entregar, revisar e investigar, por ejemplo, después de que el agente Eric Matos Rodríguez usara el miércoles pasado un dispositivo de control electrónico (taser) para arrestar a Amanda M. Santiago en un restaurante de comida rápida en Utuado.

El informe critica que todavía está generalizada la práctica de la Policía de usar lenguaje genérico y concluyente en los informes de arresto, en vez del lenguaje requerido para que quede establecida la causa probable que el agente tenía para intervenir con el ciudadano.

No es la primera vez que se hace este señalamiento y, “sin embargo, los supervisores ignoran estas fallas, aprueban los informes (de arresto) y no toman acciones correctivas”. “Comúnmente, están de acuerdo con lo que sea que los agentes escriben en sus informes y declaran que creen que los oficiales habían probado con suficiencia la causa probable cuando, en realidad, varios de los informes (examinados) no incluían los hechos específicos del caso, dejando esto a la imaginación del lector”.

La supervisión de los agentes, de hecho, es otra fuente de incumplimiento. La Policía ha dicho que necesita 740 supervisores para 110 cuarteles, a base de una proporción de seis supervisores y un alterno por cada unidad. Pero solo 103 oficiales se han elevado al rango de sargento y solo 10 sargentos elevados a tenientes, dejando 627 posiciones de supervisión descubiertas. Se ha identificado también la necesidad de 68 posiciones de inspectores y coroneles, pero no se han presupuestado. La expectativa es que en este año fiscal se nombren 506 sargentos.

En el manejo de disturbios, el informe resalta dos protestas en La Fortaleza, una el 25 de agosto y otra el 29 de septiembre, ambas sobre LUMA Energy. En la de agosto resultó agredido el fotoperiodista de NotiCel, Juan R. Costa.

El monitor alabó que en ambas instancias la Policía pudiera manejarlo sin activar la Fuerza de Choque, aunque la tenían pendiente de activación, y siguiendo el protocolo de uso incremental de fuerza no letal. Pero en el de agosto observó que se usó una denominada “unidad de contingencia” que no tiene el mismo adiestramiento de la Fuerza de Choque, lo que conllevó la agresión a Costa. Esta agresión, “es la única posible excepción”, a su evaluación de que la Policía cumplió con los protocolos en esos eventos. La Policía todavía tiene bajo investigación esta instancia.

El monitor revisó 53 expedientes disciplinarios y concluyó que las pesquisas se hicieron de acuerdo a protocolo y adjudicadas basándose en los hechos, pero señaló que adolecen de falta de documentación de los procesos. También, una dejadez en pesquisar querellas anónimas ya que solo se recoge la versión unilateral de eventos que ofrecen el querellado y otros implicados sin entrevistarlos en persona o indagar más, con el resultado nada sorprendente de que la querella se archive sin más, “a pesar de la posibilidad de que un miembro de la Policía haya cometido un delito o, como mínimo, una infracción administrativa”. Recordó también que los agentes que mienten durante una pesquisa disciplinaria pueden enfrentar consecuencias separadas a la querella original bajo investigación.

Específicamente sobre investigación de casos de violencia doméstica que involucran a miembros de la Uniformada, el Monitor observó que la Policía no siguió la política de desarmar a los oficiales. “Es imperativo que la Policía establezca un sistema riguroso de rendición de cuentas sobre el manejo investigativo de casos criminales que tienen que ver con su personal. Ninguna persona está por encima de la ley y, si bien la Policía tiene el deber y la responsabilidad de asistir al público, también tiene que seguir las políticas y procedimientos delineados para investigar a los suyos”, subrayó Romero en su informe.

Estas observaciones son contrarias a aseveraciones públicas que hizo López Figueroa en el programa Jugando Pelota Dura en octubre pasado en las que aseguró que el Monitor había reconocido “avances” en la investigación de casos de violencia doméstica que involucraban policías. Cuando el comisionado hizo esas expresiones, ya estaba publicado el sexto informe de monitoreo, en el que Romero concluyó «un retroceso en el cumplimiento en cuanto a lo que se había observado en informes previos» en el área de investigaciones de violencia doméstica.

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Vea:

Los problemas que le dijeron al juez sobre la Reforma de la Policía no existen, según DSP