Sin contar con la información necesaria para deponer en las vistas de transición, lo que anticiparía otra posible sesión extraordinaria, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Alberto Bacó, justificó la negligencia escudándose en que el personal que tiene conocimiento de ciertos temas fue trasladado a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

En entrevista conNotiCel,Bacóindicó que solicitó desde la semana pasada la comparecencia de Ana Torres y Jesús García, ambos vicepresidentes de laAAFAFyexfuncionariosdelBGF, para comparecer con el fin de proveer información, pero la solicitud no prosperó. No obstante,Bacóargumentó que es una decisión de cada agencia decidir si aportarán en la ponencia de otra.

‘Ciertamente es bien probable que por lo menos un día más de vista haya para atender estas agencias específicas. Entendemos que esas ponencias van a ser más puntuales porque vamos a ir dirigido a lo que ha resultado como parte de las vistas pero esto no pasaría si los jefes de agencia vinieran preparados para explicar las acciones que se han tomado durante este cuatrienio’, apuntó Alfonso Orona, miembro del Comité Entrante y quien explicó que esa determinación la tendría que tomar el pleno del grupo.

El Comité de Transición también tiene pendiente celebrar una reunión ejecutiva con funcionarios de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) sobre las particularidades confidenciales del contrato que iniciaron con el Sevilla Fútbol Club (FC) y la continuación de esa ponencia. Para Orona, el pleno del Comité tendrá que determinar si amerita extender el proceso más allá del lunes 19 de diciembre para acomodar la discusión de estos asuntos.

Aún así el llamado de Orona a todos los jefes de agencia que hayan reemplazado a algún directivo durante este cuatrienio, es a prepararse para responder por todo lo ocurrido en su dependencia. ‘Para los que vengan, es importante que vengan preparado para hablar de todo lo que ocurrió en el cuatrienio, no solamente durante su incumbencia’, concluyó.

Floja la operación de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas

Con un presupuesto que reserva poco más de medio millón de dólares para el pago de nómina de cinco empleados y sin la posibilidad de generar ingresos propios, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) pasará a la próxima administración a penas siete proyectos que están lejos de finalizar.

En su ponencia la directora ejecutiva de la AAPP, Deliris Ortiz, indicó que al presente su dependencia cuenta con cuatro empleados de confianza y uno de carrera cuya nómina presupuestada es de $559,693. Esta realidad preocupa a la delegación entrante pues, para todos los efectos, el personal que abandonará esa oficina el próximo cuatrienio se llevará consigo el conocimiento de las operaciones de esa agencia.

Por otra parte, los pocos ingresos que generaba la AAPP desaparecieron este año tras la modificación del contrato con Metropistas para las autopistas PR-22 y PR-5, por lo que ahora se concentran en identificar otras concesiones que puedan generar ingresos. Ortiz declaró que la alternativa más viable para generar fondos sería la concesión de otras autopistas, pues no anticipan que la planificada concesión de los servicios de trasporte marítimo en Vieques y Culebra, como otras iniciativas para establecer el tren entre Caguas y San Juan, generarían lo suficiente para sostener la agencia.

En cuanto a la concesión del servicio que actualmente ofrece la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a las islas municipio, afirmó que están en proceso de evaluar la propuesta técnica del único proponente que cualificó para el proceso de licitación:SeaStreak, empresa que opera los servicios de ferry en la ciudad de Nueva York, áreas de Nueva Jersey, Massachusetts y Rhode Island.

Las iniciativas para establecer el tren entre Caguas y San Juan, y para extender las autopistas PR-22 y PR-2 para acomodar el surgiente sector de manufactura aeroespacial en la zona entre Hatillo y Aguadilla, se encuentran en fase de evaluación federal conforme la National Environment Policy Act (NEPA, por sus siglas en inglés), proceso que Ortiz anticipó prolongado.