Sobre fundamentos que parecen ser inaplicables, el presidente electo del Senado, Thomas Rivera Schatz, exigió al gobernador Alejandro García Padilla que presente la certificación del efecto fiscal que van a tener cada uno de los 88 nombramientos y 103 medidas legislativas que el mandatario incluyó ayer en su convocatoria para sesión legislativa extraordinaria hoy.

Esto, mediante carta en poder de NotiCel y que el senador también dirigió a los miembros de la Junta de Control Fiscal que, de hecho, tendrán su primera reunión en la Isla el viernes en el hotel El Conquistador en Fajardo.

‘[L]e solicito que en cumplimiento con su deber ministerial, incluya una certificación sobre el impacto fiscal de cada uno de los nombramientos y la legislación que pretende someter ante la consideración de esta Asamblea Legislativa, durante la Sesión Extraordinaria’, indicó Rivera Schatz al Gobernador en su carta con fecha de ayer.

La base del reclamo son los incisos de la ley federal PROMESA que exige que la legislación aprobada contenga una certificación del efecto fiscal y que permite que la Junta revise preliminarmente la legislación que se pretenda aprobar así como que le permite derogar aquellas acciones legislativas que entienda sean contrarias al Plan Fiscal.

El problema con el argumento de la carta es que la cita de la ley PROMESA que usa de fundamento, el artículo 204, no dice que los nombramientos necesitan una certificación de impacto fiscal y no le da autoridad a la Junta a meterse en legislación que todavía no está aprobada a menos que la misma Legislatura le solicite a ese cuerpo una evaluación preliminar de la pieza legislativa. Cuando la Junta puede meterse es siete días después de aprobada una ley, que es el momento en que la ley dice que el Gobernador debe someter la ley a la evaluación de la Junta. La ley federal, por tanto, no es de aplicación clara al proceso de evaluar y aprobar nombramientos y no tiene garras para cuando una medida todavía no se ha convertido en ley, como son todas las incluidas en la convocatoria a la extraordinaria.

La Administración García Padilla sometió un Plan Fiscal a la consideración de la Junta pero, en vez de actuar sobre el mismo de inmediato, ese cuerpo decidió abrirlo a comentario del público, cosa que se espera suceda durante la reunión del viernes. La Junta también ha recibido exhortaciones públicas de parte del Departamento del Tesoro federal para que certifique un Plan con celeridad y comience la negociación de la deuda, una exhortación que también hizo el martes el juez federal Francisco Besosa al mantener la paralización de pleitos que dispone PROMESA.

Al presente, la división de votos en los cuerpos legislativos permitiría que el Partido Popular Democrático apruebe nombramientos y legislación contando sólo con los votos de su delegación pero en la Cámara el margen es estrecho y cualquier ausencia o disidencia en la delegación mayoritaria podría poner en jaque la aprobación de medidas.