Con el contrato que firmó una de las empresas vinculadas a Anaudi Hernández Perez para instalar el cuadro telefónico de la Cámara de Representantes arrancó el sexto día de juicio contra los alegados cómplices del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) en su esquema de fraude gubernamental.

Los contratos con la Cámara se presentaron en la sala tres del Tribunal Federal de Hato Rey a la luz del testimonio de Héctor Vargas Soto, socio de Anaudi, quien hoy, jueves, protagonizó el segundo día del desfile de pruebas.

Mostrado en la pantalla, el contrato se adquirió finalmente por la suma de $149,900 luego de una serie de correos electrónicos enviados por Ramses Maldonado, uno de los socios, en los que se sometían numerosas revisiones del documento dirigidas a Víctor Burgos, entonces director de tecnología de la Cámara, con quien desde enero del 2013, se empezó a dialogar sobre posibilidades futuras de negocio en la Cámara.

A esa suma monetaria se llegó luego de muchas conversaciones con Burgos, quien a palabras del testigo, les brindó información sobre el presupuesto de la Cámara para sus necesidades tecnológicas y sobre lo que estaban ofreciendo las otras compañías involucradas en la subasta para dicho contrato, beneficiando a 3 Comm Global con una ventaja sobre los demás competidores.

En un correo electrónico enviado por Vargas Soto, este escribe: ‘Mariconzon hay q bajarle $100m a los equipos, la propuesta más cara era $154m… Verifica!!!’. De esa manera, delata que 3 Comm Global conocía las propuestas de las otras empresas gracias a Burgos, y, así, ajustó la suya para lograr firmar los jugosos contratos gubernamentales.

En esa ruta de correos electrónicos establecida por Fiscalía, en que se fueron enumerando las diversas versiones por las que atravesó el documento, también se dejó ver la falta de peritaje de la empresa. Llenaron la solicitud con un error garrafal, marcando ‘NO’ al lado del servicio que precisamente iban a ofrecer, como si desconocieran a qué se refería el término.

Este es solo un ejemplo de la forma en que operaban las compañías que estaban vinculadas a Hernández Pérez que, sin embargo, evitaban poner el nombre del empresario en sus documentos oficiales a petición de él mismo. Así, surgieron compañías a nombre de Vargas Soto (3 Comm Global), de Eder Ortiz, el excomisionado electoral del PPD (Links Group), de la esposa de Ortiz (3 Queens), de la madre de Anaudi (S<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <>&M Investments), y así sucesivamente./p
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También se mostraron correos electrónicos del Comité de Finanzas del actual presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, para quien se organizaría una actividad de recaudación de fondos a propósito de su cumpleaños. Los miembros del comité incluían a Anaudi, Vargas Soto, la directora de campaña de David Bernier, Liza Ortiz, la esposa de Perelló, Rosa Vicente, Ferdinand Pérez, entre otros./p
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Fiscalía hizo hincapié en que este correo electrónico se envió el 23 de septiembre de 2013, y el 9 de octubre siguiente se firmó el contrato con 3 Comm Global. Sin embargo, no se indagó en la figura de Perelló, quien aparenta haber estado presente en al menos una de las reuniones a juzgar por una de las convocatorias enviadas a todos los miembros por correo electrónico./p
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Por qué línea va la defensa de los acusados?/p
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Hasta ese momento, la información enfangaba más al empresario Hernández Pérez, a Víctor Burgos, al exadministrador de la Cámara, Xavier González Calderón, con quien sostuvieron reuniones, al propio testigo, – los cuatro se declararon culpables de participar en el esquema de corrupción -, mas no a los acusados./p
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Así fue hasta que, a preguntas del fiscal Capó, el testigo develara que la acusada Sally López Martínez, exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), había asistido en al menos una ocasión a las reuniones del Comité de Finanzas de Perelló. Sin embargo, su nombre no aparece en la convocatoria./p
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En su turno al bate, el abogado de defensa de López Martínez, licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, intentó minar la credibilidad del testigo, en parte contrastando la información que había ofrecido a las autoridades federales antes y después de firmar un acuerdo con Fiscalía Federal./p
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De esa forma, el licenciado dejó entrever que a href=’http://www.noticel.com/noticia/194133/socio-de-anaudi-hernandez-ocupa-la-silla-de-testigo.html’ target=’_blank’Vargas Soto/a no mencionó al Gran Jurado que López Martínez había asistido a la suite del Coliseo de Puerto Rico donde se llevó a cabo un cumpleaños de Anaudi, ni se refirió a los costosos gustos de la acusada, a quien la describió en su testimonio en el juicio como una amante del champagne rosado, bebiendo de una botella que costaba de $150 a $200 en los almuerzos que sostenía con el empresario y su socio./p
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Monserrate Matienzo también increpó al testigo sobre los casos judiciales que enfrenta en el foro estatal, uno en San Juan por radicación tardía de planillas, y otro en Mayagüez por haber sometido un cheque sin fondo para saldar un préstamos de $150 mil./p
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El abogado también cuestionó incisivamente sobre la pena a la que se puede exponer Vargas Soto – cinco años por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, sujeto a su cooperación con la Fiscalía -, en contraste con los 20 años a los que se expone López Martínez, debido a una mayor cantidad de cargos en su contra, en parte por tratarse de una funcionaria pública./p
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A preguntas del abogado, Vargas Soto desconocía si Hernández Pérez vio frustrados sus negocios con el Gobierno bajo la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP). Aún así, entiende que el vínculo del empresario siempre ha sido con la Pava./p
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Por su parte, el licenciado Goodwin Aldarondo quiso establecer que su clienta Ivonne Falcón Nieves, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) – agencia con la cual también firmaron contratos algunas de las empresas vinculadas a Anaudi – no firmó contrato alguno, ni fue sobornada ni exigió nada a cambio de su trabajo. Los contratos los firmó el actual presidente ejecutivo, Alberto Lázaro Castro./p
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No obstante, Vargas Soto mencionó que tanto Falcón Nieves como Sonia Barreto, exdirectora de compras de la AAA, sostuvieron reuniones con Anaudi y su socio, en almuerzos pagos por ellos con su American Express Black. El fiscal Capó en su redirecto quiso dejar claro que Falcón Nieves nunca rechazó las invitaciones./p
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El otro acusado, el exayudante de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera, solo fue nombrado debido a una carta oficial que firmó en que se explicaban las necesidades tecnológicas del cuerpo legislativo. Sin embargo, a preguntas de su abogado Juan Masini en el contrainterrogatorio, Vargas Soto reconoció que Rivera no firmó ningún contrato ni sostuvo reuniones./p
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Por su parte, el abogado Francisco Adams cedió su turno ante el podio. Su representada Marielis Falcón Nieves, hermana de Ivonne y cuarta acusada, no fue nombrada en todo el testimonio.br /
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