El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (AAPP), David Álvarez, contradijo el martes al representante popular Charlie Hernández, quien denunció un conflicto de interés en el proceso de selección de finalistas para la Alianza Público Privada que se gestiona para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

‘El representante Charlie Hernández nuevamente trata de lanzar sombras sobre este proceso y lo peor es que lo hace sin fundamento. No existe conflicto de intereses entre la compañía de asesoramiento financiero Credit Suisse y los finalistas mencionados’, indico Álvarez en comunicado de prensa.

El titular, quien insistió en la inexistencia del conflicto, explicó que el proceso se ha llevado a cabo bajo el rigor que exige la Ley 29 del 2009, que habilita la AAPP, incluyendo un alto nivel de transparencia.

Por otro lado, Álvarez indicó que ‘el representante no menciona dos hechos importantes, primero, que las entidades en supuesto conflicto cotizan en la bolsa de valores, es decir, que cualquier persona o entidad puede ser accionista en alguna de estas compañías y segundo, Credit Suisse ha venido vendiendo sus acciones de Abardeen, lo que refleja su poca participación en dicha compañía’.

Según, el representante Hernández, el asesor financiero del gobierno para el proyecto del aeropuerto, Credit Suisse, incurre en un conflicto de intereses debido a que tiene una relación de negocios en una entidad llamada Abardeen Asset Management, la cual a su vez tiene múltiples inversiones en infraestructura incluyendo aeropuertos en México.

‘En la AAPP nos reafirmamos en la pureza de los procesos de licitación. El representante Hernández ha intentado lanzar sombras con elementos como éste y ha fracasado debido a que al momento de analizar en detalle estas situaciones es fácil encontrar que no hay tales conflictos. Esto explica por qué el representante nunca ha hecho un referido al Departamento de Justicia’, señaló el titular.

El representante Charlie Hernández había denunciado que’la participación de Credit Suisse y su subsidiaria está expresamente prohibida en la sección 1.8 del documento preparado por el gobierno de Fortuño titulado ‘Request for Qualifications’ para evitar conflictos de intereses con empresas que hayan asesorado al gobierno en este asunto. Sin embargo, el mismo gobierno posteriormente ignora el obvio conflicto ético y luego los certifica como finalista de un contrato de privatización de cerca de mil millones por 40 años. Ante este descarado conflicto consentido por el gobierno, esa empresa representa simultáneamente el interés público y su interés privado’.