La iniciativa fue aprobada hoy en el pleno de la Cámara con 262 votos a favor, que incluyen a los de la bancada republicana más 46 legisladores del Partido Demócrata, y 156 votos en contra.

WASHINGTON — La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una ley que da luz verde a las autoridades migratorias para detener inmigrantes indocumentados que cometan robos y otros delitos menores, y se erigió de esta forma en la primera ley que firmará el presidente Donald Trump en su segundo mandato.

La iniciativa fue aprobada hoy en el pleno de la Cámara con 262 votos a favor, que incluyen a los de la bancada republicana más 46 legisladores del Partido Demócrata, y 156 votos en contra.

La propuesta legislativa había superado ya el lunes su primer trámite parlamentario, al ser aprobada en el Senado con 64 votos favorables (entre los que se incluyeron 12 de senadores demócratas), y 35 en contra.

La normativa lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024. José Ibarra, un migrante venezolano, fue declarado culpable por este crimen.

Los arrestos contemplados en esa ley incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas. Los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

El texto también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.

La propuesta, cuyo autor es el congresista republicano por Georgia Mike Collins, ha sido criticada por expertos en ley migratoria y activistas, quienes señalan que atenta contra el debido proceso y allana el camino para los planes de deportaciones masivas de migrantes que ha prometido el nuevo presidente, Donald Trump.

Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de 3.000 millones de dólares adicionales en presupuesto y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60.000 camas para poder ejecutar esa ley.