Siguen resolviéndose sin juicio ni penas de cárcel los casos que la fiscalía presentó bajo su anterior jefa, Rosa Emilia Rodríguez, por fraude en el programa de tutorías del sistema de educación público.

El procesamiento criminal contra la empresa de tutorías Creative Educational And Psychological Services, Inc. (CEPS) por supuesto fraude bajo contratos con el Departamento de Educación (DE) registró la alegación de culpa de la presidenta de la empresa y el adelanto de que la empresa también ha llegado a un acuerdo con la fiscalía federal.

De esta manera siguen resolviéndose sin juicio ni penas de cárcel una muy sonada ristra de casos que la fiscalía presentó bajo su anterior jefa, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, por supuesto fraude en el programa de tutorías del sistema de educación público. Los casos se han registrado mediante multas, restituciones y reclasificación de delitos.

De hecho, NotiCel publicó en enero que el más notorio de estos casos, el sometido contra la empresa Rocket Learning, terminaría mediante acuerdo administrativo y sin juicio después de que los abogados argumentaran que se había sometido información falsa al gran jurado para obtener el pliego acusatorio. La fiscalía federal confirmó mediante moción que solo esperaban la aprobación del Departamento de Educación federal para desestimar el pliego acusatorio enmendado contra la empresa.

Las acusaciones federales estuvieron precedidas por una serie de 17 allanamientos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en 2015 de distintas compañías con contratos en el DE para tutorías. Entre ellas, estuvo América Aponte & Asociados, que presidía la entonces candidata independiente a la gobernación, ahora candidata al mismo cargo por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, pero ese allanamiento y otros no resultaron en acusaciones.

“Los individuos o empresas que buscan lucrarse ilegalmente de servicios educativos facturados, serán agresivamente investigados y procesados por el Departamento de Justicia federal”, había dicho Rodríguez Vélez al anunciar la acusación de CEPS.

En el caso del CEPS, el viernes pasado su presidenta, Coral Rivera Arroyo, notificó su intención de declararse culpable tras arreglo de fiscalía para reclasificar su acusación a una modalidad menos grave de robo y malversación de fondos públicos, lo cual no se esperaría que incluya pena de cárcel. El 1 de junio, la empresa notificó que también llegó a un acuerdo con fiscalía federal y esta mañana notificó su cambio de alegación el empleado Frankil González Pagán.

La acusación presentada en 2018 reclamaba el robo de $25 millones en fondos federales e incluyó a los empleados de CEPS, Dennys Alfredo Soto y Myrnaliz Navarro Rodríguez, pero el récord del caso no refleja alegaciones de culpa de su parte, por lo que el caso proseguiría contra ellos.

Rivera Arroyo también tuvo contratos con el DE bajo otra empresa, Creative Community Services, a través de la cual facturó unos $11 millones.

Además de CEPS y Rocket Learning, a nivel federal también hubo procesamiento de Brainstrong y Virtual Educational Resources Network Inc. (Vernet), las cuales aceptaron pagar bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.