La elección de la nueva Junta de Directores para el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) fue pospuesta hasta el 21 de febrero, debido a objeciones por parte de la Asociación de Alcaldes por las diferentes interpretaciones sobre los procesos de designación de ese cuerpo rector a la luz de las enmiendas aprobadas.

Según el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, la delegación alcaldes asociados – que componen la mayoría – objetó la falta de un reglamento para elegir los miembros de la Junta de Directores. Sin embargo, los populares reclamaron quedebió ser enviado junto a la convocatoria que recibieron para reunirse en el Departamento de Estado. Al no poder llegar a un acuerdo hoy, Rivera Marín pospuso la elección para el 21 de este mes.

‘Lo que pidieron fue que las reglas establecidas, como dice la ley, que el secretario de Estado en conjunto con los presidentes [de la Asociación y Federación] discutirán las reglas para escoger a los miembros. Ellos pidieron tiempo adicional para analizar esas reglas y le concedimos tiempo adicional’, explicó el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina.

Tanto Molina como Rivera Marín, indicaron que antes de iniciar la reunión se entregó el reglamentoa los alcaldes allí presentes, y fue consultado con el presidente de la Federación de Alcaldes como el de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz.

‘No se trata de un reglamento, son las normas para un proceso interno de votación’, explicó Rivera Marín.

Por su parte,Ortíz denunció el intento de la presente administración en controlar la operación del CRIM para manejar los recaudos que reciben los municipios mediante las recién aprobadas enmiendas a la ley de esa institución.

‘De esos 11 miembros, 9 deberán ser alcaldes que pertenezcanal partido que ganó las elecciones generales, obviando el factor determinante, que de 78 municipios en la isla, 45 están afiliados al Partido Popular Democrático (PPD). Estaremos retrocediendo en tiempo y espacio a las luchas que por años hemos venido librando para que el Estado le reconozca a los municipios, delegaciones y responsabilidades que hemos emprendido con mejores resultados y los procesos de cobro de propiedad mueble e inmueble, es uno de esos casos’, destacó Ortíz, también alcalde de Cayey.

Mientras la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz, advirtió que el afán de la administración en tomar control sobre la Junta de Directores del CRIM podría estar vinculada con las recomendaciones que dio la Junta de Control Fiscal (JCF) a fin de aumentar la contribución sobre la propiedad en los municipios.

‘La JCF ya emitió como uno de sus puntos el que para agregar ingresos para las arcas de gobierno se iba a aumentar la propiedad, eso lo que afecta es las madres solteras, afecta a nuestros viejitos y viejitas y afecta nuestros padres y madres de familia que van a ver un aumento en esa contribución’, dijo Cruz. ‘Lo que la JCF, que es quien manda, ha dicho ya es que hay que revisar y retasar’, agregó.