También libera de aportaciones a ASES

Luego que a inicios del mes de mayo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunciara que liberaría a los municipios de las aportaciones a las pensiones al ‘PayGo’ y la Administración de Servicios de Salud (ASES) por concepto de las pensiones y el Plan de Salud del Gobierno, hoy, viernes, firmó la medida que concreta el alivio fiscal a los municipios rodeado de alcaldes y legisladores así como otras dos medidas.

Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 258 que transfiere a partir del 1ro de julio esa responsabilidad al Gobierno central como una medida para paliar la eliminación de los $350 millones en transferencias a los ayuntamientos dispuesto en el Plan Fiscal.

‘Una de las cargas más importantes que tienen los municipios es el pago que realizan al plan de salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go. Las opciones del Gobierno central para apoyar fiscalmente a los municipios actualmente son limitadas, pero confiamos en que estas tres leyes sean herramientas de ayuda mientras seguimos trabajando en colaboración con los alcaldes’, indicó Rosselló Nevares en comunicación escrita.

Al mismo tiempo, la directora ejecutiva de la Junta Federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, pidió al Gobernador y los presidentes legislativos identificar una fuente alternativa de pago para el PayGo y la eliminación del pago de los municipios de la ASES.

‘Escribo en respuesta a la reciente aprobación de la Legislatura del Proyecto de Ley Senatorial 1258 (el ‘Proyecto de Ley’), que se refiere a las obligaciones de los municipios en virtud de la Ley Número 106-2017, ‘Ley para garantizar el pago de los beneficios de pensión a nuestros jubilados y para establecer un Nuevo plan de contribución definida para empleados públicos’ y la Ley Número 72-1993, ‘Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico’.

‘El Proyecto de Ley exime a los municipios de pagar sus obligaciones con ASES y la obligación de pensión PayGo para sus jubilados, sin identificar una fuente alternativa de financiamiento, lo que implica que el Fondo General del Estado Libre Asociado subvencionará este gasto’, expresó Jaresko en la misiva.

‘La responsabilidad fiscal y la disciplina prudentes son elementos críticos del Plan Fiscal Certificado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de garantizar que el gobierno tenga fondos suficientes para pagar las pensiones y la atención medica. Sobre la base de nuestra revisión preliminar del proyecto de ley, la Junta estima que el impacto fiscal potencial será de aproximadamente 311 millones de dólares para el año fiscal 2020 y 1.7 mil millones de dólares en los próximos cinco años fiscales (año fiscal 20- FY24). Esto haría que la Ley no cumpliera con el Plan Fiscal Certificado, que incluye el pago total de las obligaciones de los municipios a ASES y PayGo’, acotó Jaresko.

A partir del 30 de septiembre de 2019, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación un 50 por ciento de la cantidad que correspondería a los municipios desembolsar a la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Además, a partir del año fiscal 2019-2020, se retendrá hasta 90 por ciento de la cantidad que correspondería pagar a los municipios al Pay as you Go, a fin de que distribuyan a los municipios según las normas aplicables a dicho fondo.

El Plan Fiscal para Puerto Rico que aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta su eliminación al año 2023, cuya cifra ronda en $360 millones anuales.

Se estima que el impacto fiscal para los municipios entre estas partidas alcanza los $400 millones anualmente.

El Primer Ejecutivo firmó, además, el Proyecto del Senado 1266 y el Proyecto de la Cámara 2058.

El PS 1266 concede tiempo adicional a los municipios para someter el presupuesto municipal a la legislatura municipal y la Oficina de Gerencia Municipal.

La fecha propuesta será no más tarde del 10 de junio de 2019. La Legislatura municipal tendrá hasta 10 días desde que lo reciba para evaluarlo y aprobarlo, sin excederse del 20 de junio de 2019.

Mientras, el PC 2058 modifica las alternativas de fórmula de distribución para que la administración del CRIM y su Junta de Gobierno puedan elaborar metodos alternativos de distribución.

Se establece que el cómputo del total de los ingresos que se distribuirán en el año fiscal 2018-2019 y años subsiguientes se hará al usar como año base el año fiscal 2016-2017.

La Junta de Gobierno del CRIM queda facultada para establecer una fórmula para distribuir los fondos, según las circunstancias de cada año. Tambien podrá establecer cualquier otro criterio objetivo para que se mantenga la proporcionalidad en la distribución que se hace entre los municipios, de manera discrecional.

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