Antes, durante y despues de la aprobación de la ley federal PROMESA, grupos cabilderos representativos del sector de productos naturales usaron el proyecto como vehículo para frenar intentos locales de regular de forma meticulosa la industria de productos naturales y suplementos dieteticos.

Se trata de la Orden Administrativa 346 del Departamento de Salud (DS), aprobada por la exsecretaria de Salud, Ana Rius, para principalmente crear un registro de estos productos, el cual no existe. De mismo modo procuraba velar por el cumplimiento de normas de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en cuanto etiquetado, pues al presente hay productos que cumplen a medias al proveer información en idiomas ajenos al español o el inglés.

La orden además impuso una serie de tarifas para el importe de cada unidad de producto, para la entrega de certificaciones y para inspección de facilidades de producción y distribución. De inmediato grupos como el Natural Products Association (NPA) y el Council for Responsible Nutrition (CRN) levantaron la voz de alerta y catalogaron la medida como un impuesto injustificado.

En mayo, representantes de la NPA se reunieron con congresistas en aras de convencerlos a revertir el estatuto. Aunque la intención de la NPA fue promulgar la derogación de la medida, lo cierto es que estas discusiones llevaron a la composición de un pequeño grupo de congresistas que llegarían a incorporar lenguaje en el texto de PROMESA a ese fin.

Dicho esfuerzo lo lideró el congresista republicano Ryan Zinke, quien introdujo una enmienda al proyecto 5278 que ordenaba la eliminación de la orden. El congresista Matt Salmon colaboró con Zinke en la redacción de ese lenguaje y durante la discusión del proyecto en el pleno de la Cámara advirtió que de permanecer la orden, aumentaría costos para hacer negocios en la Isla.

‘Sipermiten la continuación de la Orden Administrativa 346, el efecto acumulativo de esta nueva capa de ‘cinta roja’ burocrática y la imposición injustificada de tarifas regulatorias harían de Puerto Rico el lugar más costoso para hacer negocios para detallistas de productos naturales en todo los Estados Unidos o sus territorios’, declaró Salmon.

La intención original de eliminar la medida, sin embargo, no prospero en la versión final de PROMESA pues fue enmendada a fines de ordenar al Task Force Congresional sobre el Desarrollo Económico de Puerto Rico a emitir una recomendación sobre la orden antes que finalizara el 2016.

Durante la celebración del Natural Products Expo East el 23 de septiembre – evento organizado por la NPA – el congresista Zinke fue galardonado con el Presidents Award por incluir de manera exitosa la provisión para evaluar la orden dentro PROMESA. Por su parte el congresista Salmon recibió el Lifetime Achievement Award por expresarse en contra del estatuto.

Después de la aprobación de PROMESA, el CRN se comunicó con el Task Force a mediados de octubre mediante una carta. En la misma, la directora de relaciones gubernamentales del CRN, Ingrid Lebert, solicitó al grupo de trabajo congresional a emitir una recomendación a fin de revocar la orden, pues la misma penaliza la industria de productos naturales.

Asimismo, argumentó que la FDA posee los mecanismos para regular productos naturales y suplementos dietéticos en Puerto Rico por virtud del Dietary Supplement, Health, and Education Act (DSHEA), por lo que el DS debería aunar esfuerzos con el ente federal.

El DSHEA es una legislación aprobada en 1994 por el actual presidente del Task Force, el senador Orrin Hatch. La ley establece un listado de ingredientes aceptados para su uso en el contenido nutricional de productos o suplementos. Aquellos productos que contengan ingredientes que no estén incluidos en ese listado pasan por un proceso de inspección mientras aquellos productos que cumplan pueden mercadearse sin antes pasar por un proceso de evaluación en la FDA.

La ley además obliga a manufactureros especificar en el etiquetado que el producto no fue evaluado por la FDA y no está diseñado para diagnosticar, curar, tratar o prevenir enfermedades. La orden ejecutiva del DS enfatiza sobre este requisito de rotulación y además obliga a empresas productoras remitir data sobre control de calidad, requisito que el DSHEA no impone sobre manufactureros.