Tras un acuerdo entre la defensa y la fiscalía para reclasificar el delito.

Doris Margarita Martínez Sánchez y Yahaira Liz Pino Hernández fueron sentenciadas hoy por el juez Juan Nevárez García a cinco años de probatoria tras un acuerdo con la fiscalía de Bayamón.

Contra ambas acusadas se habían presentado denuncias por maltrato a personas de edad avanzada, explotación financiera de personas de edad avanzada, apropiación ilegal de vehículo y entrada de información falsa al Sistema de Computadoras o Expediente.

“Se llegó hoy a un acuerdo”, dijo a NotiCel el fiscal Iván de Jesús González, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

“Las damas admitieron que cometieron los hechos y se acordó reclasificar el cargo mayor a tentativa, que es el 127 A y van a cumplir cinco años en probatoria. El vehículo que se habían apropiado, lo devolvieron y ya está en manos del perjudicado. Tuvimos el visto bueno de ellos y están todas las partes contentas con la situación”, explicó el fiscal.

Las fiscales Roxanne Rivera Carrión, directora de la División de Delitos Económicos, y Natalie Lausell Rodríguez habían presentado los cargos ante la jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa en todos los delitos imputados.

A Martínez Sánchez, de 69 años, la jueza le impuso una fianza global de $45,000 la cual no pudo pagar por lo que fue ingresada en prisión. Además, expidió una orden de protección por un año a favor de la víctima.

La investigación de la Policía, a cargo de la agente Rebeca Ortíz Sánchez, y el Ministerio Público, reveló que, desde noviembre del año 2022 hasta abril 2023, Martínez Sánchez y Yahaira Liz Pino Hernández, de 50 años, trabajaban como cuidadoras de la víctima quien es una persona de edad avanzada. La víctima era dueño de un vehículo de motor, una guagua marca Honda CR-V del año 2014 color blanco.

Para este periodo, las imputadas, mediante la contratación de los servicios de una gestoría, realizaron el proceso del traspaso del vehículo de la víctima falsificando la firma del hombre en la documentación requerida para solicitar el título del vehículo y poder realizar el traspaso. La víctima no consintió al traspaso de su vehículo ni firmó los documentos para completar el proceso por lo que fue víctima de los delitos mencionados. Los hechos imputados ocurrieron en el pueblo de Vega Baja.

Contra Martínez Sánchez se presentaron cargos por violación al Artículo 212 del Código Penal de Puerto Rico de falsedad ideológica, violación al Artículo 209 del Código Penal de Puerto Rico de apropiación ilegal de identidad y violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico de posesión y traspaso de documentos falsificados.

A Pino Hernández se le acusó de tres cargos y se le impuso una fianza de $30,000, que tampoco pudo pagar por lo que también fue encarcelada.

Las mujeres enfrentaban penas de hasta 10 años de cárcel.