La presidenta de la Comisión de Practicaje, la entidad independiente que vela por la entrada y salida de embarcaciones a los muelles de la isla, -como cruceros, barcos de cargas y barcazas de gas-, afirmó bajo juramento que es realmente el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP) quien dicta sus decisiones y demostró desconocer tanto aspectos de la ley que crea la comisión como conceptos del tema de seguridad marítima.

La licenciada Jessica Ñeco Morales hizo las declaraciones bajo juramento el lunes en la sala de la jueza federal Silvia Carreño Coll ante una petición de desacato en su contra que presentaron siete de los ocho prácticos autorizados a pilotar las embarcaciones que entran a la bahía de San Juan.

El grupo alega que la presidenta violó una orden de la jueza cuando sostuvo reuniones, sin citar al comisionado que representa a los prácticos, para desarrollar un borrador de proyecto de ley mediante el que se derogaría la comisión y la seguridad marítima volvería a ser asunto de una oficina debajo del jefe de la AP.

La comisión se creó como ente independiente en 1999 porque se entendió que la seguridad marítima no debería depender de los vaivanes del gobierno o de los dueños de las naves que llegan a la isla, sino de un grupo independiente con representantes de distintos sectores del sector marítimo. Los prácticos son pilotos expertos en las condiciones de la bahía que abordan cada nave para entrarla o sacarla de ese cuerpo de agua.

En octubre pasado, Carreño Coll aceptó una estipulación entre la comisión y los pilotos que demandaron en el foro federal para conseguir que New Fortress Energy (NFE) respetara los criterios de navegación segura a los que habían llegado años atrás para el movimiento de sus barcazas de gas. La jueza había regañado a Ñeco Morales por no asistir a las vistas que hubo para esa demanda y le había advertido que ella y la comisión debían estar “más alineados” con los prácticos porque son los que se ejecutan los protocolos de seguridad.

Bajo juramento, Ñeco Morales dijo no saber cuándo se creó la comisión, no supo contestar si la posición de presidenta es a tiempo completo, aceptó que no era presidenta en las fechas en que aparecen documentos de la comisión que ella firmó identificándose como presidenta, no supo dar una definición para “practicaje”, no pudo contestar cuándo es que la ley requiere que un práctico se encargue de una embarcación y no supo qué sectores representan o a qué empresas pertenecen algunos de los miembros de la comisión.

La trayectoria de Ñeco Morales en el servicio público comenzó en 2017 cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, la contrató como técnica de contratos. Cuando Méndez Núñez pierde la presidencia del cuerpo, pasó a ser secretaria de confianza del alcalde novoprogresista de Naguabo, Noé Marcano Rivera. Cuando este perdió la elección y se convirtió en director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la licenciada pasó a ser su secretaria allí y luego técnica legal. Cuando Marcano Rivera salió del puesto ante la intención de la Administración González Colón de destituirlo, la funcionaria pasó a ser secretaria de confianza y coordinadora ejecutiva (chief of staff) del director ejecutivo de la AP, Norberto Negrón Díaz. Antes del nombramiento, no se conocían, dijo.

Cuando hubo necesidad de designar en la comisión a un representante de la AP, el director la nombró a ella. Y cuando hubo necesidad de nombrar a un presidente en la comisión, Negrón Díaz le preguntó si estaba disponible y sometió su nombre a La Fortaleza. La gobernadora la nombró y el Senado la aprobó en noviembre de 2025, dos meses después de que los prácticos sometieron su demanda federal.

La evidencia principal en su contra para solicitar desacato es un email suyo del 10 de abril copiado a algunos comisionados, a la Guardia Costanera, a algunos representantes de la industria marítima y a dos prácticos, pero no al capitán que los representa formalmente como comisionado, Carlos E. Ramos. Allí se habla de una reunión esa mañana y se incluye el borrador del proyecto que derogaría la comisión. A preguntas sobre esto, la funcionaria colocó toda la responsabilidad sobre Negrón Díaz. Dijo que fue el que la convocó, el que le dijo a quién invitar y el que le entregó el borrador del proyecto. Ramos se enteró porque de la Guardia Costanera le copiaron ya que querían que se incluyera a los prácticos en la discusión.

Admitió que conocía del proyecto cuando se convirtió en presidenta y quedó impugnada porque dijo que primero lo conoció en octubre de 2025, pero la metadata del documento consigna que ella lo imprimió en agosto de 2025.

La jueza comentó que si la legislatura quería cambiar la política pública y eliminar a la comisión como un ente independiente, tiene autoridad para hacerlo. Su análisis para el desacato, que decidirá luego por escrito, es si excluir deliberadamente al comisionado que representa a los prácticos en la discusión del borrador, y de otros aspectos de la comisión, es una violación a su orden.

Cuando uno de los abogados de los prácticos, Francisco Colón Ramírez, le presentó el texto de la orden de la jueza de octubre y se le preguntó si lo conocía, la presidenta dijo que “estoy segura 100% que la leí, ahora”. Cuando se le presentó un correo electrónico de Ramos del 20 de abril solicitando una reunión “urgente” para discutir el borrador del proyecto, contestó que no lo había visto porque recibe “muchos correos electrónicos”.

La jueza intervino varias veces para hacer preguntas directas y se mostró incrédula ante el desconocimiento sobre los protocolos de seguridad marítima, falta de precisión sobre el alcance de la ley e imprudencia en el ejercicio de su cargo y descargue de responsabilidades que mostró la testigo.

“¿No recuerda cuántas veces tomó la reválida (de abogada)?”, lanzó la jueza cuando la testigo no pudo precisar si fueron tres o cuatro veces. “Entiendo que no es requerido por ley”, dijo la presidenta cuando la jueza le preguntó si no había establecido un mecanismo para ver prontamente los correos de sus compañeros comisionados. “¿No se le ocurrió, aunque fuera brevemente, que había conflicto de interés (en participar de reuniones sobre el desmantelamiento de la comisión a la vez que era su presidenta)?… ¿No ofreció resistencia (al proyecto) como presidenta de la comisión?”, increpó la jueza. “Entiendo que por lo bien preliminar que era el borrador (del proyecto), no había un conflicto de interés… este es el primer paso, el ‘brainstorming’”, contestó. “¿Se le ocurrió que los demás comisionados debían ser notificados (del borrador)?”, preguntó la jueza. “Es que esto lo organizó el director ejecutivo… es que eso (notificar a los demás comisionados) era prerrogativa del director ejecutivo”, le contestó la testigo.

Ñeco Morales confirmó que desde la orden de la jueza de octubre no ha reunido a la comisión, aunque sí tuvo una reunión con NFE sobre temas de seguridad. Primero dijo que no fue este año, pero entonces le presentaron un post de redes sociales de marrzo de este año en el que aparece a bordo de una de las barcazas de gas de la empresa junto a otros funcionarios, como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández. Explicó que la reunión fue a instancias suyas para entender asuntos de seguridad sobre las barcazas. “¿No tuvo a un solo capitán (práctico) presente cuando se discutían asuntos de seguridad?”, reaccionó Carreño Coll. “No recuerdo que hubiera”, dijo la funcionaria.

En su contrainterrogatorio, el abogado de la comisión, Manuel Porro Vizcarra, enfatizó en que no había una obligación en ley de notificar a Ramos sobre el borrador del proyecto de ley; que quien conformó un grupo de trabajo para discutir el borrador y quien seleccionó a sus integrantes fue Negrón Díaz, por lo que no fue un acto de la testigo como presidenta de la comisión; que Ñeco Morales no tuvo que ver con la redacción del borrador; y que eventualmente el proyecto se le presentaría a los miembros de la comisión oficialmente.

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