El Centro para una Nueva Economía publicó su análisis del Estudio, que encabezó el Departamento Energía federal.

La transición de Puerto Rico hacia la energía renovable requiere tomar decisiones difíciles que implican importantes compensaciones (“tradeoffs”) entre la asequibilidad, el tiempo y los recursos, sostiene un análisis del Centro para una Nueva Economía (CNE) del estudio que adelantó en días recientes el Departamento de Energía federal.

El director de Política Pública de CNE, Sergio M. Marxuach, sostuvo como parte de ese comentario que aunque el Estudio PR100 «es un análisis exhaustivo y bien pensado, llevado a cabo por un respetado grupo de partes interesadas, el resumen ofrece muy poca información sobre las fuentes de financiamiento para la transición completa a un 100% de energía renovable para 2050».

Se recordó que el estudio, encabezado por la agencia federal parte de la existencia de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico de 2019, exige que Puerto Rico satisfaga el 100% de sus necesidades de electricidad con energía renovable para 2050 y para alcanzar ese objetivo estableció las metas provisionales de 40% de generación renovable para 2025; 60% de generación renovable para 2040; la eliminación de la generación proveniente de carbón para 2028; y un aumento del 30% en la eficiencia energética para 2040.

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La entidad local reconoce en su análisis, publicado en el “CNE Review», que lo que se publicó hasta ahora fue un resumen del estudio, que se supone se publique en su totalidad a finales de este mes de marzo.

El elemento del costo y la disponibilidad de recursos se levante como una preocupación por el CNE.

«Esto es preocupante ya que la jueza Laura Taylor Swain está llevando a cabo en Hato Rey la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE-PA). Los consumidores pagarán el costo de la transición a renovables y los costos del AEE-PA representan una carga adicional para estos», dijo Marxuach.

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Advierten además que aunque el Resumen del Estudio indica que es factible alcanzar el objetivo de generación con fuentes de energía 100% renovable en Puerto Rico para 2050 sin utilizar tierras agrícolas para desarrollar generación a gran escala, “existen compensaciones (“tradeoffs”) significativas entre la resiliencia y la asequibilidad de la energía; entre el uso de la tierra y la asequibilidad de la energía; entre alcanzar el objetivo del 40% para 2025 y lograr la confiabilidad aceptable de la red a corto plazo; y entre incurrir en costos a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo”.

Ello, indican, dependerá del escenario que Puerto Rico elija implementar, ya que en el resumen del estudio se ofrecen tres escenarios con distinto alcance de la red de energía renovable.

Del análisis de esas opciones el CNE concluye que “en general, los escenarios descritos en el Estudio con un mayor despliegue de recursos energéticos distribuidos (DER en inglés) que utilizan menos terreno tienden a ser, en promedio, más caros que otros escenarios. También resultan en tarifas más altas para el consumidor y tienen mayores efectos adversos a corto plazo en la economía puertorriqueña. La existencia de estas compensaciones plantea la interrogante de qué agencia o entidad debe encargarse de tomar estas decisiones”.

La organización recomendó enfáticamente que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) se encargue de tomar estas decisiones.

Expresó Marxuach que, “según el DOE, la tarifa promedio al consumidor aumentaría entre un 66% y un 83% entre 2020 y 2025, dependiendo del escenario que se aplique. Un aumento de tarifas de esta magnitud tendría efectos adversos graves y materiales en la economía de Puerto Rico a corto plazo y sencillamente no es viable desde el punto de vista económico. Será necesario mitigar estos efectos negativos, ya sea mediante subsidios, una extensión del plazo para lograr la transición o mediante otras políticas públicas”.

Precisó que, en este proceso, también es crucial que los responsables de la toma de decisiones a nivel local tengan en cuenta las preguntas que no se han abordado en el Resumen del Estudio. Estas son ¿Cuánto costará alcanzar la resiliencia máxima en Puerto Rico?; ¿Cuánto pueden o cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por la transición a energía renovable?; ¿Qué agencia o entidad decidirá cuál escenario, si alguno, se implementará en Puerto Rico?; y ¿Cuál es el impacto económico de cada escenario, con sus variantes, sobre el PNB, el crecimiento del PNB, el consumo, el empleo y el ingreso?

También hay que tener en cuenta que «si el costo de maximizar la resiliencia es demasiado alto, ¿quién decide qué zonas geográficas quedarán excluidas?; ¿Cuál es la inversión total necesaria por segmento del sistema (infraestructuras de transmisión, distribución, generación, almacenamiento en baterías, acceso y conectividad) para alcanzar el objetivo del 100% de energía renovable? ¿Cómo se financiará esa inversión?; y ¿Cuánto financiamiento se ha identificado, comprometido y gastado para cada uno de los segmentos?

Concluye el análisis del CNE que, “aunque el Estudio PR100 no es vinculante para Puerto Rico, sería un error que los responsables de la toma de decisiones ignoren sus conclusiones. Este estudio debe ser una guía en la implementación de la transición a energía renovable. Por lo tanto, es crucial que los responsables de la toma de decisiones a nivel local inicien una conversación honesta e inclusiva con todas las partes interesadas sobre cómo se abordarán estos asuntos, entre otros.