Guardia Costanera se resiste a dar testimonio sobre controversia de barcazas de gas

La jueza no permitió que el Zar de Energía interviniera en el caso a través de la AEE y la AAPP.

Ante las solicitudes del gobierno para que suspenda su orden temporera de emergencia (TRO en inglés) que requiere que el tránsito de barcazas de gas en la bahía de San Juan ocurra con las medidas de seguridad que existieron hasta hace unos dos meses, la jueza federal Silvia Carreño Coll requirió la comparecencia hoy en su sala del comandante de la Guardia Costanera, Luis J. Rodríguez.

Sin embargo, a través de la fiscalía federal, la agencia dijo anoche al tribunal que el funcionario estará presente hoy a las 9:00 am como lo requiere la citación, pero no podrá dar testimonio hasta que ellos se lo permitan porque hay regulaciones en contra de que sus empleados presten testimonio.

La agencia le pidió al tribunal que defina el ámbito que tendría el testimonio, específicamente si lo que se le va a requerir es testimonio pericial, y cuáles son las justificaciones que habría para hacer una excepción y permitirle declarar como testigo en la pugna que mantienen siste de ocho pilotos encargados del tránsito de naves en la bahía de San Juan contra la subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), NFEnergía LLC, por las medidas de seguridad del movimiento de barcazas con gas en ese puerto.

La citación para la comparecencia del Capitán de Puerto Rodríguez fue la opción a la que recurrió la jueza después de unas 24 horas en las que todos los componentes del sector de energía que habían visto este pleito crecer desde hace un mes decidieron intervenir para reclamar que el tribunal suspenda el TRO que emitió el viernes pasado. Con esa orden, se mantenía el marco de seguridad que había antes de que NFEnergía decidió unilateralmente dejar de usar las remolcadoras con capacidad de 80 toneladas que se usaron por dos años, como un acuerdo entre la empresa y los pilotos, o “prácticos”, del puerto. Ese acuerdo, de hecho, fue cuando le empresa usaba naves con capacidad de 30,000 metros cúbicos. Ahora, el gas entra y sale en barcazas de 145,000 metros cúbicos, un aumento en volumen de combustible de 383%.

Lo que se ha presentado en el caso hasta ahora es que la Guardia Costanera no ha emitido un requerimiento sobre la capacidad específica que deben tener las remolcadoras que se usen para mover las barcazas en la bahía. La agencia ha dicho que deben ser remolcadoras con capacidad suficiente, según la satisfacción del piloto. Los demandados apuntan a que eso permite que algún otro piloto, que no sean los siete demandantes, puede hacer la maniobra si las medidas de seguridad son a su satisfacción, como ya ocurrió con un tránsito de barcaza que no usó remolcadoras con capacidad de 80 toneladas.

El TRO fue emitido después de que la jueza escuchara testimonio pericial que presentaron los prácticos demandantes sobre cómo el uso de esas remolcadoras era lo apropiado para evitar accidentes en el tránsito de las barcazas de gas. Uno de los criterios para emitir la orden fue que la seguridad de lugar por donde entra el 75% de los bienes que consume la isla era más importante que el deseo de la empresa de ahorrarse un dinero contratando remolcadoras de menor capacidad.

La orden dura 14 días y no dispone de la petición de interdicto que presentaron los demandantes y que todavía está pendiente de adjudicación.

Desde el lunes hasta anoche, surgieron peticiones de intervención de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y del operador privado de las plantas de generación de la AEE, Genera PR, en las que piden que se suspenda el TRO porque, al requerir barcazas de capacidad mayor a las existentes, se ha imposibilitado la entrada de una barcaza, aumentando la probabilidad de apagones porque ya no hay gas.

Al filo de la medianoche, la jueza denegó la solicitud de intervención de la AEE y la AAPP, concluyendo que tienen el mismo propósito final que NFEnergía, que la barcaza logre entrar. En el documento, Carreño Coll afirmó que los pilotos demandantes defienden el interés público en su reclamo, lo que va en contra de la alegación que han hecho los demandados, y otros, de que solo están movidos por lucro personal. Explicó también que su «estrella guía» en esta etapa de la controversia es que había un acuerdo de seguridad entre los pilotos y la empresa del cual la empresa se desvió unilateralmente y que todavía no ha escuchado a nadie traerle alternativas para cumplir con el TRO, que es cumplir con la seguridad en el tránsito de las barcazas.

Tanto NFEnergía como Genera PR son empresas subsidiarias de NFE pero, aún así, el operador privado compareció anoche como si se acabara de enterar de la controversia y reclamando que es un completo “extraño” con respecto a lo que NFEnergía hace o los acuerdos a los que haya llegado con los pilotos demandantes.

“Genera es un extraño a cualquier arreglo existente entre NFEnergía y los pilotos… Es daño colateral en la pelea de otros”, indicó el operador en su escrito.

Para justificar su intervención en el pleito, plantearon que ninguna de las otras partes está velando por los intereses económicos de ellos como operador, los aumentos de costo que le provoca el tener que usar diésel en vez de gas para correr ciertas unidades y el peligro que esto les representa de perder los incentivos que tienen bajo su contrato con el gobierno si logran eficiencias y ahorros.

Es decir, NFE se retiró de los acuerdos de seguridad con los pilotos para ahorrarse dinero a través de NFEnergía y NFE pide que se permita el tránsito de barcazas con menos seguridad para no perder dinero en el contrato que tienen a través de Genera. NFEnergía retiró las remolcadoras, para las que ahora dicen que no tienen sustitución, el día antes de la primera vista que la jueza convocó en el caso.

“El TRO expone a Genera a la pérdida de compensación por incentivos y a penalidades potenciales bajo (el contraro de operación), sin mencionar el daño operacional cascada a los activos de generación de la AEE que ya están operando bajo condiciones retantes. El daño financiero inmediato es de $710,295.83 diarios nada más en costos adicionales por diésel. Estos costos adicionales evitan que Genera alcance las métricas de ahorro de combustible que determinan los pagos de incentivos”, añadió el operador en su moción.

“El daño que ellos (los pilotos demandantes) reclaman es especulativo, basado en accidentes que no han ocurrido y puede que nunca ocurran. Ya hubo un tránsito de barcaza de gas licuado que usó la configuración de remolcadoras (de menor capacidad)”, insistieron.

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