Recientemente el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Boletín Administrativo Número OE 2018-033 aumentando el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción a 15.00 dólares por hora para contratos de construcciones gubernamentales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Kenneth Rivera Robles, explicó en declaraciones escritas que 'es importante atender adecuadamente el asunto del salario mínimo en Puerto Rico ante la complicada situación fiscal de la Isla, pero entendemos que este aumento puede conllevar un serio disloque para el sector de la construcción en Puerto Rico'.

Explicó el presidente que, economistas de renombre como el doctor Jose Caraballo se han expresado en contra de aumentos sustanciales al salario mínimo. De hecho, el economista y autor del estudio 'Is There a Minimum Wage Biting in Puerto Rico? Updating the Debate', ha planteado que un aumento del salario mínimo a 15.00 dólares no es adecuado y que los datos apuntan que el salario mínimo en Puerto Rico debería ser 8.61 dólares por hora.

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Por otra parte, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien ha sido históricamente un defensor de un aumento en el salario mínimo en Estados Unidos, reconoció en su vista del 6 de abril de 2017 que se debe tomar en cuenta que un aumento en Puerto Rico no tendrá el mismo resultado que en Estados Unidos. 'Esto es así, porque nuestros ingresos son una cuarta parte de lo que se gana en los estados', dijo.

'Por lo tanto, nuestra primera preocupación es cuáles fueron los factores utilizados para la determinación de la cantidad de 15 dólares por hora', añadió.

'Tambien nos preocupa el efecto práctico al momento de implantar este requerimiento. En el caso de una empresa de construcción que tenga proyectos públicos y privados, tendría que estar ajustando el salario por hora dependiendo en que tipo de proyectos se envuelva al empleado. Además, siendo realista los empleados de construcción harán todo lo posible por maximizar su compensación por hora lo que podría causar renuncias de proyectos en proceso, para irse a trabajar en proyectos con el gobierno. La Sección Octava de la Orden pretende que esta no tenga efecto retroactivo a proyectos existentes, sin embargo, para fines prácticos si se tendrá incidencia negativa sobre contratos existentes. Esto podría hacer incluso que proyectos ya comenzados se puedan ver afectados al punto de detener obras en proceso. Y obviamente de cara al futuro podría encarecer el costo de construcción en la Isla'.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico hizo un llamado al gobernador para que derogue la OE 2018-033 por el efecto que puede tener en la industria de contratación en Puerto Rico que ha atravesado momentos fiscales sumamente difíciles en los últimos años.