El presidente del Banco Popular, Richard Carrión, apoyó imponer una Junta de Control Fiscal federal para Puerto Rico para asegurarse que el Gobierno lleve a cabo medidas fiscales alegando que ha sido testigo personal de la indisciplina fiscal de distintas administraciones.

Carrión dijo que aunque es banquero y prefiere que la gente pague sus deudas, la realidad es que Puerto Rico necesita un proceso para reestructurar su deuda porque 'se va a quedar sin dinero'.

'Los problemas económicos actuales de Puerto Rico están estrechamente ligados a una década de lento crecimiento económico, pero también son un resultado directo de la indisciplina fiscal a largo plazo. He servido en varias juntas consultivas para varios gobernadores, de los diferentes partidos, y he sido testigo de la incapacidad o falta de voluntad de muchas administraciones para lidiar con nuestras finanzas públicas de una manera fiscalmente responsable. Dichas juntas de control fiscales han demostrado su eficacia en situaciones similares, como Nueva York hace cuarenta años. En el caso de Puerto Rico, tal cuerpo sería para garantizar la adherencia a largo plazo a un plan de recuperación y debe considerarse en conjunto con cualquier régimen de reestructuración de la deuda', sostuvo durante la vista de la Comisión de lo Jurídico del Senado federal que analiza la situación fiscal de la isla.

Carrión dijo que los líderes de varias administraciones y diferentes partidos políticos, han optado por ignorar los problemas estructurales y pospuesto decisiones difíciles porque era más fácil mantener el endeudamiento para financiar los déficits operativos y patear problemas hacia el futuro.

Medidas tomadas a lo largo de los últimos años claramente no han sido suficientes. Algunas de estas medidas recientes incluyen impuestos más altos, con un impuesto sobre las ventas del 11,5%, el más alto, mayor que cualquier estado de Estados Unidos, la reforma del sistema de pensiones más grande de un beneficio definido a un plan de aportaciones definidas, una reducción de cerca de 25.000 empleados del gobierno, o 14%, desde 2012, y el cierre de unas 100 escuelas públicas en el mismo período, sostuvo.

Aproximadamente 250, 000 empleos se han perdido desde el año 2006. Más de 25,000 familias han perdido sus hogares. Mas de 300,000 puertorriqueños, más o menos 8% de la población, han salido de la isla en la última década, sentenció.

Desde ese punto de vista, una solución exitosa incluirá necesariamente tres elementos: un marco legal para la reestructuración de toda la deuda pública de Puerto Rico; un control fiscal efectivo y un mecanismo de control, y medidas de estímulo económico para incentivar nuevas inversiones y promover el empleo.

'Los tres componentes son vitales y deben trabajar en conjunto para asegurar el máximo de amortización de la deuda posible y la viabilidad a largo plazo de la economía de Puerto Rico', sostuvo.

Al apoyar un proceso de reestructuración, Carrión dijo que al principio resistió la idea de que la deuda pública de Puerto Rico tendría que ser reestructurada. 'Sin embargo, ahora es claro para mí que el tamaño del déficit fiscal es tan grande, incluso incluyendo el impacto de las medidas de ingresos y gastos propuestos por la actual administración, que alguna forma de reestructuración de la deuda es inevitable', dijo Carrión.

El banquero advirtió que en el 2016, el gobierno de Puerto Rico, con exclusión de las dos utilidades principales, los municipios y otros organismos, tendrá que pagar $4.1 mil millones en pagos de la deuda, lo que representa aproximadamente el 40% de los ingresos proyectados. El año pasado, el gobierno fue capaz de pedir prestado para ayudar a hacer sus pagos, aunque a muy altas tasas de interés.

Sobre la Junta de control fiscal, abogó porque tenga miembros independientes del gobierno y fuera una con autoridad para llevar a cabo su labor.

En cuanto a las medidas de crecimiento económico, dijo que es necesario que el gobierno sea más pequeño y que las personas tengan acceso al crédito por trabajo y a la paridad en fondos de salud.