El exjuez Baltasar Garzón, referencia internacional en materia de derechos humanos, considera que el tiempo para emitir deudas con garantías e intereses altísimos que pueden repercutir en detrimento de los servicios sociales sin que se asuma responsabilidad por ello ha llegado a su fin debido a que un comite internacional se dispone a regular los mercados de bonos internacionales que en ocasiones le imponen criterios cuestionables a los gobiernos.

Garzón, quien apoyó a Argentina frente a sus acreedores litigantes, considera que los crímenes económicos pueden ser crímenes de lesa humanidad cuando se tiene a la sociedad presa de políticas arbitrarias que redundan en un detrimento de su calidad de vida. 'Los crímenes internacionales de forma clásica están perfectamente definidos como: genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Pero hay acciones criminales difusas que pueden producir resultados mucho más perversos', comentó en una mesa redonda con periodistas el miércoles, previo a ofrecer su conferencia esta semana en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Enumeró el abuso en la compra de deuda externa como una de esas acciones de efectos 'perversos' ya que puede llevar a cualquier país a la ruina con mecanismos de especulación.

De hecho, las casas acreditadoras que degradaron el crédito de Puerto Rico enfrentan problemas de legitimidad por haber dado alta calificación a hipotecas basura y a instituciones financieras fraudulentas, que luego terminaron en quiebra, lo cual las desacredita para influir en la economía mundial, opinó el economista estadounidense Joseph Stiglitz al Centro de Periodismo Investigativo.

Según Garzón, quedan muchas preguntas por responder respecto a quiénes son los que están detrás de las casas evaluadoras de crédito, cuál es su regulación interna y cuáles son los paraísos fiscales a los que se atienen. El tema de los fondos de inversión se maneja en reuniones privadas con los acreedores, a las que el pueblo no tiene acceso, pese a que es el pueblo quien acarrea las consecuencias de pago o impago a largo plazo.

Es precisamente ante ese escenario y en tiempos de evolución tecnológica que la ciudadanía reclama más participación. La obligación del Gobierno es propiciar esos espacios, ya sea a través de una gestión pública abierta o de iniciativas de gobierno digital, que garanticen la credibilidad. 'Por qué la transparencia es fundamental?', preguntó Garzón, 'la estabilidad de un sistema democrático y su evolución está en la confianza de los ciudadanos'.

En el caso de Puerto Rico, que contiene una estructura o base legal para garantizar la participación, pero muchas veces los representantes políticos no la ponen en práctica, el camino es más fácil todavía: 'cómo se cambia la voluntad de los políticos?'. Entonces respondió: 'Exigiendo participar!'.

'Hasta hace muy poco, y aún (hoy) en Estados Unidos, se hablaba de seguridad nacional por encima de todo, a lo que se contrapone la seguridad democrática de los ciudadanos. La seguridad del Estado se enfrenta a la seguridad democrática', comentó.

Garzón apuesta a los organismos internacionales como medio para ampliar y fortalecer el derecho, por lo que hizo un llamado a los jueces a no solo mirar la reglamentación local, sino a usar su jurisprudencia para aplicar también los convenios internacionales o mirar lo que se ha aplicado fuera de sus fronteras. 'Si vivimos en una aldea global, habría que darle sentido también de derecho', comentó.

La comisión que se configuró a nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a raíz del litigio de Argentina contra sus acreedores en Nueva York tendrá listo el informe en septiembre. 'Vamos a tener una línea de acción internacional que puede redundar en una regulación de usos', adelantó.

La configuración de una comisión internacional coincide con el momento histórico que vive Puerto Rico por su situación de deuda y falta de liquidez. El Estado pretende hacer una emisión de $2,950 millones a un interés de 8.5% y sin tope al descuento, lo que quiere decir que pudiera comprometerse a pagar una cantidad mayor a la que realmente emita el prestamista. El servicio de la deuda continúa creciendo, lo cual compromete los recaudos del Gobierno y reduce los fondos para invertir en obra pública. Mientras se plantea la posibilidad de una quiebra criolla, grupos de fondos de inversión de Washington D.C. están buscando los servicios de un bufete especializado en los litigios por deuda para asegurar sus intereses ante la precaria situación fiscal y económica de la isla.

'Estoy en la línea de que ese tipo de deuda se pueda reclamar. Habría que estudiar cada caso. Si fue desmedido...', mencionó Garzón, al nombrar como ejemplo la reclamación que se hizo en España de que se le pagara a las víctimas de la dictadura de Franco por la conversión secreta de la peseta republicana a la peseta nacional con tasas que eran 'imposibles de cumplir'.