El informe de KPMG sobre Reforma Contributiva, dado a la luz pública parcialmente, recomienda al Gobierno extender por cinco años el impuesto de 4% a las empresas foráneas, que vence en el 2017, en momentos en que se cuestiona su legalidad y el Presidente Obama amenaza con imponer otra tasa contributiva permanente a las mismas.

El informe, además, propone fortalecer la Ley 20 sobre las exportaciones para asegurar que las empresas que reciben beneficios cumplan con los objetivos de promover actividad económica, y le recomienda al gobierno revisar la Ley de Incentivos Industriales (Ley 73), a la vez que sugiere que la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) tenga mayor rigurosidad al otorgar los decretos de incentivos.

A pesar de los cuestionamientos sobre su legalidad y la recién amenaza desde Casa Blanca, de imponer un impuesto de 19% a las corporaciones foráneas, KPMG sugirió extender el impuesto a estas empresas por cinco años.

La Ley 154, promulgada el 25 de octubre de 2010, afecta materialmente la carga fiscal de los inversores. Esta ley modificó el Código de Rentas Internas para ampliar las circunstancias en que una persona extranjera puede ser tratada jurídicamente como empresa en Puerto Rico, y así sujetar su ingreso a un impuesto. El estatuto fija un arbitrio de 4% a las empresas foráneas, y solo aplica a las personas jurídicas extranjeras que se dedican a altos volúmenes de transacciones.

Hay quienes argumentan que esta ley violenta la cláusula de comercio interestatal. El Servicio de Rentas Internas (IRS) indicó hace varios años que reconocerá el arbitrio impuesto por el Gobierno a las corporaciones foráneas que poseen operaciones manufactureras en Puerto Rico. Sin embargo, informó que continuará evaluando el mismo. Al momento, la Administración García Padilla no ha determinado con qué medida de ingreso reemplazará esta ley que vence en dos años.

Sectores industriales en la isla han alertado que el impuesto federal de 19% aingresos futuros de las corporaciones foráneas afectaría negativamente la inversión de estas empresas en la isla, aumentando su carga contributiva sin considerar su impacto en los empleos que ofrecen en la isla.

Según KPMG, las empresas ya han aceptado ese impuesto y prefieren que continúe a tener una carga mayor.

'Aunque hasta cierto punto hay una insatisfacción con la Ley 154, en conversaciones profundas con las empresas que actualmente se benefician de la Ley 73 y también están sujetos a la Ley 154 hay una aceptación general del régimen actual. Al igual que cualquier contribuyente, las compañías prefieren una menor carga fiscal, y hay preocupación en relación con los temas (contributivos). No obstante, las empresas no sugirieron una sustitución mayor o reelaboración de la Ley 154. Más bien hubo cierto consenso de que si una cantidad similar de ingresos debe ser obtenido de entre las compañías afectadas por la Ley 154, es mejor hacerlo mediante la ampliación del régimen existente', sostiene el informe.

Puerto Rico está regido por dos leyes de incentivos industriales, incluyendo la Ley 73 de 2008. Los beneficios son otorgados mediante decretos por la PRIDCO. Bajo este estatuto, las industrias pagan menos en tasas contributivas, que rondan entre 2 a 12%, además de recibir ciertas deducciones por reconstruir facilidades, comprar equipo o bajar el uso de electricidad. La exención dura generalmente 15 años, con opción para extender otros diez.

El gobierno, no obstante, desconoce el impacto de los incentivos en la economía. El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, hace mas de un año presentó una resolución cuyo propósito es conocer el uso, la efectividad y el beneficio que han generado los diferentes incentivos estatales y municipales que se han otorgado durante años al destacar que se desconoce su impacto.

'Vamos a evaluar todos y cada uno de los incentivos contributivos para medir si son costo efectivos y si han cumplido con los propósitos para los cuales fueron otorgados. Tenemos que evaluar si han generado los empleos prometidos y el efecto directo e indirecto que han tenido en la actividad económica del País. Lo más importante aquí es analizar si los beneficios obtenidos de estas iniciativas son mayores que lo que nos cuestan', planteó el Representante.

La firma KPMG sugiere que los incentivos actuales no atraerán una gran cantidad de inversión, ocasionando una pérdida de ingresos. Además, reconoce que la fiscalización de PRIDCO para asegurarse que las compañías cumplen con los decretos no ha sido la mejor.

'Un régimen fiscal con bajas tasas contributivas (como el de Irlanda) no atrae cantidades importantes de inversión y reduce los ingresos recaudados por la actividad empresarial corporativa interna. Por lo tanto, en la práctica, la negociación de los acuerdos individuales con los inversores actuales y los entrantes parece ser el camino más prometedor para atraer y mantener la inversión. Sin embargo, si el sistema fiscal es elegido como el mecanismo de entrega de estos incentivos, la estructura de los programas de incentivos debe ser cuidadosamente diseñada para asegurarse que los beneficios se obtienen. Por otra parte, los acuerdos negociados por PRIDCO deben ser sometidos a análisis de costo-beneficio riguroso regularmente y los incentivos deben de ajustarse de ser necesario', reza el informe.

Por otro lado, Puerto Rico tiene la Ley 20, que incentiva las exportaciones al otorgar beneficios a ciertos negocios elegibles para exportar a una tasa contributiva fija de 4%, una tasa de 3% en el dinero que se reciba de las exportaciones, y un 100% de exención contributiva en los dividendos y en los impuestos a la propiedad por los primeros cinco años, entre otros.

Sobre este beneficio, KPMG opina que el gobierno debe considerar la posibilidad de enmendar la ley para condicionar el recibo de los beneficios a un determinado umbral mínimo de actividad en Puerto Rico, basado en el número de empleados, gastos de nómina, o propiedades en la isla.

'Una compañía no debe recibir beneficios bajo la Ley 20 a menos que contribuya en un mínimo a la economía', sentenció.

En cuanto a la eliminación del 'Branch Profits Tax', o impuesto por la repatriación de dividendos de una corporación foránea en Estados Unidos hacia su país de origen, el informe considera innecesaria su eliminación.

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