El Departamento de Educación no solo tiene uno de los presupuesto más grandes del Gobierno de Puerto Rico, es tambien probablemente de las únicas dependencias que merece tener todo el presupuesto que tiene, y hasta más. ¿Que precio se le puede poner al futuro?

Y es precisamente porque su encomienda es el futuro que la agencia necesita que se le ponga atención, que este todo sobre la mesa, que se sepa para dónde va el dinero, cuáles son los resultados y que se castigue severamente al que meta la mano donde no es.

Cosas serias que, ahora mismo, están en manos de, cuando menos, charlatanes, y cuando más, conspiradores.

Se falla por acción y se falla por omisión. Y mientras hurgamos y hurgamos para descubrir que pasó... a veces se nos pasa señalar las omisiones.

Por eso es tan llamativa la intervención del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en este tema cuando planteó esta semana, con el fanfarroneo con el que ha contaminado el lenguaje político de Puerto Rico, que a la asediada exsecretaria de Educación, Julia Keleher, se le debería dar inmunidad.

'Que se le otorgue inmunidad para que diga lo que sabe, si algo sabe', dijo. 'No es porque yo le de credito ni le quite credito a las alegaciones que se están haciendo. Sencillamente yo fui fiscal y esas son las herramientas que se tienen', subrayó.

Estoy de acuerdo conque el pueblo de Puerto Rico se beneficiaría de una confesión cabal de parte de Keleher sobre sus actos y los actos de otros, pero no se necesita ser fiscal para pillar a Rivera Schatz en el aguaje.

Resulta que la Ley 27 de 1990 (Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos) explica 'las herramientas que se tienen' y estas incluyen que un cuerpo legislativo sea el que otorgue la inmunidad a un testigo cuyas declaraciones se entiende que son necesarias y que no se pueden obtener de otra manera porque la persona se niega a contestar.

Cuerpo legislativo como lo es, caramba, el Senado, que no solo está integrado por el licenciado Rivera Schatz sino que puntualmente lo preside. Coincidencias que se le pueden pasar por alto a cualquiera porque ver a un cuerpo legislativo actuar como todo un cuerpo fiscalizador, con el poder que le confiere el voto directo del pueblo, es cosa casi de museo en estos días.

Para recordarlo, podemos recurrir al libro 'Derechos humanos y corrupción' del exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández, y de Víctor García San Inocencio, un exlegislador que sabe dos o tres cosas sobre el poder fiscalizador de los cuerpos legislativos. El libro, de paso, seguro que se puede conseguir y consultar en la Biblioteca Legislativa Tomás Bonilla, allí al lado del Capitolio.

'La Asamblea Legislativa es, sin lugar a dudas, a traves de su poder y función investigativa, el organismo dotado de más facultades para examinar el fenómeno de la corrupción... desde sus aspectos generales, hasta sus instancias más específicas', nos dicen los autores antes de una extensa enumeración de todas esas facultades y de las formas en que se podrían aplicar para el beneficio de la fiscalización y la verdad.

Aprovechando, vale la pena repasar el texto de la Ley 27, incluida en su totalidad al final de este escrito. Si una persona citada para declarar ante un cuerpo legislativo se negara a hacerlo, ese cuerpo tiene la opción de aprobar una resolución mediante voto mayoritario de sus miembros para otorgar a esa persona inmunidad transaccional (que le protege de que su testimonio sea usado para acusarla criminalmente), civil (que le protege de que su testimonio sea usado para que el Estado la impute en el ámbito civil) o administración (que le protege de que su testimonio sea usado por el Estado en su contra en procesos administrativos).

Claro, hasta los fanáticos de series detectivescas de Netflix saben que la inmunidad no se reparte como si fuera un chocolate, que eso hay que hacerlo dentro del tracto de una investigación fundamentada, que hay que tener investigadores capaces y que hay que sentarse con la representación legal de la testigo para conocer los contornos de las declaraciones que ofrecería para poder determinar si vale la pena conferirle la capa protectora de la inmunidad, y recuerde tambien que esa inmunidad no cubriría a la esfera federal, sino solo a la local.

Así que, estando ya todo explicado, si el interes por descubrir que actos irregulares o delictivos puede conocer la exsecretaria de Educación es puro aguaje, pues aquí se quedará la cosa. Si no lo es, pues veremos prontamente una resolución senatorial para investigar estos hechos y, sucesivamente una citación y negociación con la testigo Keleher para el beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Nada, como cualquier exfiscal conocedor recomendaría que se hiciera.

*El autor es Editor Jefe de NotiCel.

Para ver la Ley 27 de 1990, pulse aquí.