Lourdes Gómez Torres sostuvo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que requerirá $182,745,000 millones, unos $6,256,000 menos al presupuesto corriente hasta el 30 de junio.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, recomendó ante la Comisión de Hacienda que preside el representante Eddie Charbonier, un presupuesto menor al año fiscal 2026-27.

Según expresó la secretaria durante una vista pública, la agencia contó con fondos consolidados certificados para el periodo 2025-26 de $186,531,000 del fondo general complementado con fondos especiales estatales y federales.

Sin embargo, Gómez Torres sostuvo ante la Comisión de Hacienda que requerirá $182,745,000 millones, $6,256,000 menos al presupuesto corriente hasta el 30 de junio. La petición está dividida en $153,600,000 del Fondo General, $7,024,000 de Fondos Especiales y $22,061,000 de Fondos Federales.

“Desde el inicio del año fiscal, el departamento ha manejado su presupuesto de forma activa y responsable realizando ajustes para asegurar que los recursos están dirigido a las áreas de mayor necesidad. Esto requirió redistribuir fondos hacia partidas críticas como servicios profesionales, materiales y equipos comprados”, dijo Gómez Torres durante la vista en la Cámara de Representantes.

“Al 15 de febrero, el presupuesto del Fondo General fue ajustado a $161,828,037 para atender los pagos de sentencias y cumplir con sus compromisos para asegurar el funcionamiento de sus operaciones. Asimismo, se redujo la aportación a entidades no gubernamentales por concepto de pensiones”, señaló.

La secretaria destacó que existen unas plazas como agentes investigadores, taquígrafas y técnicas de víctimas y testigos son de difícil reclutamiento. Puso como ejemplo que el salario base para abogado está establecido en $4,200 mensuales que puede ser poco atractivo. Aun así, Gómez Torres se expresó optimista de que la agencia alcanzará la meta de contratar los talentos que requiere.

Además, Gómez Torres no favoreció la posibilidad de una reducción en la parta partida de servicios profesionales debido a que existe una necesidad de contratar peritos, traductores, intérpretes de lenguaje de señas y psicólogos, entre otros, que calificó de “indispensables para la adecuada tramitación de los casos”.

“El departamento impulsa una agenda estratégica dirigida a fortalecer un modelo de justicia más eficiente y centrado en la protección de los derechos con énfasis particular en las víctimas y testigos del delito”, mencionó Gómez Torres.

Mientras tanto, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) bajo la directora ejecutiva María Conte Miller, solicitó un presupuesto de $25.5 millones para el próximo año fiscal. Conte Miller señaló que requiere $17.6 millones para cubrir los gastos de nómina que absorben cerca del 65% de los fondos asignados.