El juez superior Anthony Cuevas Ramos desestimó el viernes la demanda con la que sus compañeros pretendían anular la disposición constitucional que los obliga a retirarse a los 70 años.

La prohibición de seguir ejerciendo después de los 70 años aplica a jueces de todos los niveles, del municipal al Tribunal Supremo. Cuevas Ramos resolvió que a quien le toca atender cualquier posible cambio a la Constitución del Estado Libre Asociado es a la Asamblea Legislativa, no al tribunal.

“Lo que aquí se solicita, que no es otra cosa que alterar el texto constitucional al eliminar uno de sus articulados, es un asunto que corresponde a la esfera encargada de formular la política pública, entiéndase, la Asamblea Legislativa. Correspondería a dicho cuerpo, de estimarlo procedente, ejercer la facultad que le confiere la Constitución de Puerto Rico para proponer enmiendas o llevar a cabo su revisión”, concluyó.

Los demandantes fueron la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) y los jueces apelativos Felipe Rivera Colón, quien cumple 70 en 2026, y Eric Ronda del Toro, quien cumple 70 en 2027. Su argumento fue que la prohibición constitucional es un acto de discrimen por edad bajo la ley federal.

En 1991, ya el Tribunal Supremo federal había decidido en contra de ese argumento de que los límites de edad de servicio de los jueces estatales constituyen discrimen. Pero Cuevas Ramos dijo que no era necesario dirimir la aplicación, o no, de ese caso por su conclusión de que es una “cuestión política” a resolverse legislativamente.

Cuevas Ramos examinó el origen de la disposición constitucional sobre el límite de edad y encontró que primero se recomendó que fuera a los 75 años y luego quedó en 70 por consideraciones de “la expectativa de vida de la población y el interés en mantener la eficacia de los tribunales”.

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