La Asociación Puertorriqueña del Concreto insistió en que no se le debe imponer cargas a las plantas de concreto ya que no cuentan con la autoridad legal para validar la legalidad de un proyecto que se pretenda construir.

Existen reservas en el mundo de las construcciones y/o proyectos en concreto en Puerto Rico tras establecerse en una medida legislativa la intención de imponer penalidades contra las plantas de concreto que suministren material de construcción a proyectos que carezcan de permisos.

El Proyecto del Senado 744 fue radicado por el senador independiente Eliezer Molina y exige que toda planta procesadora de concreto tenga una copia digital o física del permiso vigente, así como el número de expediente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para poder despachar, vender o entregar concreto. 

La medida también establece que si se llega a despachar el material para una obra de construcción que no cuente con los permisos, tendrá una multa administrativa de $25,000 por cada despacho que se efectuó sin autorización.

Además, establece que será la OGPe la entidad responsable de fiscalizar y adjudicar multas, de la mano de auditorías que llevará a cabo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Policía de Puerto Rico.

Lo que se recaude de las multas iría destinado al Fondo Especial de Protección de Recursos Naturales, para financiar programas de vigilancia, deslinde y restauración ambiental.

La razón para radicar este proyecto de ley, según se establece en la exposición de motivos, es gracias a la “la falta de controles efectivos sobre las actividades de construcción ha dado paso a un patrón de construcciones ilegales en zonas costeras, reservas naturales, áreas inundables y terrenos públicos, lo que redunda en pérdida de recursos, riesgos de seguridad y menoscabo a la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”. 

La Asociación Puertorriqueña del Concreto (APC) tuvo sus reservas con la medida tras asegurar que el P de la S 744 tiene un “error de enfoque”.

La APC insistió que “resulta alarmante que se impulse una legislación que, en la práctica, traslade al sector privado funciones que son exclusivas del Estado, imponiendo penalidades a las plantas de concreto por vender material a proyectos que no cuenten con permisos de construcción debidamente expedidos”.

Añadieron además que aunque la medida tiene una buena intención, no se le puede imponer cargas a las plantas procesadoras ya que no poseen ni la autoridad legal, ni los medios técnicos para garanrtizar los permisos de construcción. 

Por otro lado, el DRNA hizo hincapié en que otorgarle un rol adicional a la agencia en cuanto a la emisión de multas junto a la OGPe y la Policía, repercutirá en más contrataciones de empleados con conocimiento especializado, así como la creación de unidades organizacionales en las agencias, teniendo mayor impacto presupuestario. 

“La agencia enfrenta un déficit presupuestario de alrededor de $76 millones, lo que limita significativamente la capacidad de asumir nuevas responsabilidades operacionales”, destacó Waldemar Quiles, secretario del DRNA en una ponencia escrita. 

El Banco de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), aclaró a la Comisión de Planificación, permisos, Infraestructura y Urbanismo que preside el senador Héctor “Gaby” González, que debe ser la Junta de Planifcación la agencia encaragada de multar, ya que cuenta con una división de querellas, inspectores y auditores para velar el cumplimiento de la emisión de permisos bajo OGPe.

El DDEC no favoreció la medida legislativa, ya que consideran que “condiciona la venta de un producto comercial a un requisito que no les aplica a los múltiples usos que se le pueden dar a los productos que venden las procesadoras de concreto”.