La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez informó el miercoles, sobre el resultado de un operativo de arrestos contra 35 personas en los pueblos de Ponce y Villalba por una red de narcotráfico.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Policía de Puerto Rico (PPR), están a cargo de la investigación.

‘Estas detenciones mantendrán la ley para los ciudadanos respetuosos de Ponce y Villalba para que así estén más seguros ante la violencia inevitable que el tráfico de drogas trae’, dijo Rodríguez Vélez en un comunicado de prensa.

‘Esta investigación y las detenciones de la DEA han desmantelado efectivamente la principal organización de tráfico de drogas en el área de Ponce. La DEA continuará su compromiso de conducir la investigación de alta escala para llevar ante la justicia a estas organizaciones criminales que se esfuerzan para crear violencia y los disturbios en nuestras comunidades y promover el uso y abuso de sustancias controladas ‘, dijo por su parte, Israel Alicea, agente especial a cargo, la DEA en el Caribe.

Según la fiscal federal, la acusación sostiene que a partir del 2012, la organización distribuyó heroína, crack, cocaína y marihuana, en los residenciales Rafael López Nussa, Ernesto Ramos Antonini y Doctor Manuel de la Pila Iglesias en Ponce; y el residencial El Pino en Villalba.

Los treinta y cinco acusados ​​actuaron en diferentes roles con el fin de promover los objetivos de su organización, a saber: los líderes, dueños de puntos de drogas, corredores, vendedores, y los facilitadores. Diez acusados ​​se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego en cumplimiento de un delito de tráfico de drogas.

Los acusados ​​son: Miguel Pacheco Mejías, también conocido como ‘El Blanco / Miguel Ratón’; Mark Torres O’Conner, también conocido como ‘Mawi’; Ronald Aponte Castillo; Freddy Ferrer Crespo, también conocido como ‘Maldito’; José Torres Rodríguez, también conocido como ‘Pollina / Polli’; Luis Archeval, también conocido como ‘Archeval’; José Avilés Gilbert, también conocido como ‘Berto / Lolo’; José Ortiz Cedeño, también conocido como ‘Monchi’; Orlando Arroyo también conocido como ‘Casper’; Christopher De Jesús, también conocido como ‘Planetario’; Ángel Pérez Cancelar, también conocido como ‘Yanyel’; Anthony Rivera López, alias ‘La B’; Arnaldo Santana Ramos, también conocido como ‘Naldy’; Walter Hernández Rivera, alias ‘Walter Cabeza’; Alexis Soto Vargas, alias ‘Bolillo’; Luis Irizarry Santiago, también conocido como ‘Kikologo’; Joshua Ortiz Archeval, también conocido como ‘Kikito’; Cristiano Lugo Sopena, también conocido como ‘Tostón’; Jorge L. Maldonado-Pacheco, alias ‘Peluquería’; Geremid F. Pérez-Banchs, también conocido como ‘Bebo’; Nelson Lacourt Linares, también conocido como ‘Blaki’; Luis Ayala Vega, también conocido como ‘Mellao’; Byan Ocasio Martínez, alias ‘Cuajo’; Richard Santiago Santiago, también conocido como ‘Guimo’; Miguel Pérez, alias ‘Pucho’; Christopher Bracero Román, alias ‘Mono’; Carlos Padilla Pérez, alias ‘Luis Padilla’; Félix González Torres, alias ‘El Gato’; Giovany Matos Vicenti, también conocido como ‘Mueca’; Alexis Mercado Sánchez, alias ‘Macri’; Jean Domínguez Soto, alias ‘Chino’; Jesús Daliot Ríos, alias ‘Chuchu’; Wilbert Rosado Pérez, alias ‘Bebo Federal’; Steven Quintana Cedeño, también conocido como ‘Problemática Quintana / Nesti’; y Elizardo Ruiz Tirado, alias Tito Línea / TL’.

Rodríguez Vélez detalló que, los acusados ​​y sus co-conspiradores supuestamente, rutinariamente poseían, llevaban, y utilizaron armas de fuego para protegerse a sí mismos y a su organización de tráfico de drogas, mantener el control de sus puntos, intimidar y tomar represalias contra otras organizaciones de tráfico de drogas y ampliar sus actividades de tráfico de sustancias controladas. Los vendedores podrían utilizar máscaras para cubrir sus rostros y evitar ser detectados por la Policía, en la venta de sustancias en los puntos. Algunos acusados ​​tatuaban y llevaban prendas con el logotipo de la organización.

La fiscal federal María Montañez Concepción y el fiscal federal adjunto John Mathews están a cargo del procesamiento del caso.

Si son declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena mínima de 10 años, y hasta cadena perpetua.