Un grupo de senadores de Estados Unidos propuso este jueves un proyecto de ley que busca presionar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para que las elecciones generales de noviembre en el país centroamericano sean «libres», se respete a la prensa y se garanticen los derechos humanos.
El proyecto legislativo también pide al presidente estadounidense, Joe Biden, desarrollar una estrategia que incluya sanciones y cuyo objetivo sea garantizar unos comicios «libres», «justos» y «transparentes» en Nicaragua.
Al respecto, solicitan a Biden que coordine sus sanciones con Canadá y la Unión Europea (UE) para que tengan un mayor efecto sobre Ortega.
Asimismo, la legislación propone que se incluya a Nicaragua en una «lista negra» que tiene el Congreso para países corruptos y conlleva una serie de sanciones económicas.
Los senadores, además, piden a Biden que les dé información clasificada sobre las actividades de corrupción en las que pueda estar implicado Ortega y su familia y sobre posibles violaciones a los derechos humanos, así como supuesto acoso a los medios de comunicación.
Solicitan también información clasificada sobre las «actividades» de Rusia en el país centroamericano.
Los senadores que impulsaron la iniciativa pertenecen tanto al Partido Demócrata como al Republicano, ya que ambas fuerzas políticas tienen una opinión similar sobre cuál debe ser la política de Washington hacia el Gobierno de Ortega.
El grupo de senadores incluye a los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin, Chris Murphy y Bob Menéndez, este último presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, así como al republicano Marco Rubio, quien ayudó a definir la política de EE.UU. hacia Latinoamérica bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
Para convertirse en ley, esta iniciativa necesitaría ser aprobada tanto por el Senado como por la Cámara Baja, que dominan los demócratas en ambos casos.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega y que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarlo por cinco años más.
En Nicaragua, estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra Ortega, que dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organismos locales elevaron la cifra a 684, mientras que el Gobierno reconoció 200 y denunció un supuesto intento de golpe de Estado.
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