Tanto la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) así como la compañía SecureAlert que provee al gobierno de Puerto Rico los grilletes electrónicos con telefonos integrados para imputados de delitos, se pasaron la papa caliente al momento de asumir la responsabilidad por posibles violaciones a los derechos de las personas que portan los aparatos.

José Armando Quiñones, vicepresidente para Latinoamérica de SecureAlert, reconoció la importancia del asunto pero rehusó comentar.

‘Su reportaje incluye unos temas muy importantes’, expresó Quiñones en declaraciones escritas. ‘SecureAlert está estrictamente impedido de hablar a favor o en nombre del Gobierno de Puerto Rico, quien es el único responsable de la ejecución, regulación, interpretación de las directrices judiciales, protocolos de aplicación de la ley y la supervisión de su programa de monitores electrónicos’.

‘Además, cada uno de nuestros clientes del sector público tiene plena confianza que nuestra empresa mantendrá los mas estrictos estándares de confidencialidad y privacidad en la información de cada uno de los proyectos’, agregó Quiñones.

‘Sin embargo, puedo decirle con certeza, que SecureAlert o cualquiera de sus subsidiarias no ha sido contratada o contactada por el Gobierno de Puerto Rico para llevar a cabo algún tipo de vigilancia o grabación ilegal de comunicaciones a persona alguna. De hecho, SecureAlert no ofrece ni provee soporte para este tipo de actividad’.

En noviembre de 2011, cuando el entonces gobernador Luis Fortuño anunció el contrato por $874,125, SecureAlert proclamó que proveería un programa de intervención y rastreo de ofensores suplementado por ‘el pago de los ofensores’ quienes pagan un promedio de 13 dólares diarios por portar el grillete.

‘Desde el año 2006, nuestro Centro de Monitoreo ha manejado un total de más de 9.5 millones de alarmas y ha acumulado más de 47 millones de horas de supervisión’, proclama su portal cibernético. ‘Nosotros comprendemos el papel vital que juegan los operadores de nuestro Centro de Monitoreo y, como tal, asignamos a nuestro centro individuos bilingües ampliamente adiestrados’.

La compañía fue incluida en una demanda civil por el asesinato de una mujer a manos de un hombre libre bajo fianza que estaba usando uno de estos grilletes electrónicos con GPS y celular ocurrido en Ceiba.

Para el resto de esta historia y de la serie sobre los grilletes que ‘escuchan’, vea el Centro de Periodismo Investigativo.