El gobernador Alejandro García Padilla cuestionó el martes los motivos que llevaron a los sindicatos de las corporaciones públicas a declarar un voto de huelga, cuando el reclamo que le hicieron a La Fortaleza de reactivar sus convenios colectivos una vez se supere el deficit, ya fue atendido como parte de las enmiendas de la Ley de Sostenibilidad Fiscal.

Tras su participación en un foro de atracción de inversionistas españoles, García Padilla pareció descartar que la movilización de los obreros responda a la defensa de la clase pobre y trabajadora como ha insistido el liderato obrero. Cuestionó si una secretaria de una corporación pública que gana $10,000 al mes podía ser considerada pobre, o si una persona a quien hay que liquidarle $300,000 en un año podía ser considerada pobre.

‘Una persona que tiene salario de 680,000 al año, en que lado la ubican?’, cuestionó el Gobernador en clara referencia al salario del presidente de la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Héctor Benítez, cuyo salario se eleva a esa cantidad por las guardias que trabaja.

‘Yo prefiero no usar esa ecuación. Este país es de todos y todos tenemos que echarlo hacia adelante’, enfatizó, minutos antes de salir por las puertas traseras del Centro de Convenciones escoltado por sus guardaespaldas, pese a la insistencia de la prensa para que contestara el plan del Gobierno ante el voto de huelga.

García Padilla defendió el proyecto aprobado en la noche del lunes en el Senado al enfatizar que incluye una enmienda al Artículo 17, donde se establece que cada año se evaluará las realidades fiscales de la corporación para que una vez superado el déficit, se reincorporen los convenios colectivos que han sido congelados, petición que le hiciera el liderato el lunes.

Durante la conferencia de prensa, el Ejecutivo puso una grabación del líder de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, quien a preguntas de la prensa aseguró que la petición que llevaron a la mesa de negociación era que se reactivaran sus derechos adquiridos al concluir el periodo de emergencia fiscal, y que fue negada por La Fortaleza. ‘Esa petición fue atendida y eso fue exactamente lo que ayer se aprobó. Las tres cosas que nos pidieron cuando nos sentamos a negociar han sido otorgadas’, enfatizó García Padilla.

Las otras dos peticiones que hicieron los líderes obreros, según Fortaleza, es que se incluyera un desglose del monto de ahorros que consiguen estas medidas, así como el desglose de contratación privada en que incurre el Gobierno. Las uniones proponen que se eliminen todos los contratos que pueden ser realizados por el personal de las corporaciones.

Ante estos reclamos, García Padilla proveyó una gráfica basada en el registro de contratos de la Oficina del Contralor que muestra que en el último año hubo una reducción de 69% en la contratación externa. Los ahorros por la congelación de los derechos adquiridos de la clase trabajadora suman $50 millones, según el Gobierno.

Acerca de los incentivos que está promoviendo su Gobierno entre empresas foráneas, el Gobernador expresó que esto redunda en beneficio de la clase trabajadora porque se trae inversión para asegurar los empleos. Contrario a lo que ha solicitado el magisterio y los unionados, García Padilla evitó hablar de la eliminación de exenciones contributivas puesto que suponen ‘ventajas competitivas’ frente a otros países de América Latina y el mundo. Dijo, sin embargo, que la evaluación de estas exenciones tenía que ser dinámica y constante.