Dos organizaciones se unieron para presentarla

Una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes presentó hoy una demanda contra el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, por la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del censo de 2020, al considerarla ‘racialmente discriminatoria’.

La iniciativa, liderada por el Fondo Mexico Americano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF) y Asiáticos Estadounidenses Avanzando la Justicia (AAJC), indica en nombre de veintiuna organizaciones y dos individuos particulares que la Administración Trump está violando la Quinta Enmienda de la Constitución.

Según esa norma, ninguna persona está obligada a responder a un interrogatorio que afecte a su vida privada o a su libertad sin el debido proceso legal.

‘El censo ha sido una obligación constitucional desde hace casi 230 años; ahora, la Administración actual lo quiere politizar con el fin de reducir el poder de la comunidad latina’, explicó el presidente y consejero general de MALDEF, Thomas A. Saenz.

La transcendencia de dicha iniciativa reside en la importancia del censo para asignar los escaños en el Congreso, definir los distritos electorales y garantizar la distribución equitativa de los fondos federales para programas sociales.

Por tanto, los detractores de esta medida aseguran que se trata de una estrategia para discriminar a las minorías, entre las que destaca la comunidad hispana como una de las más influyentes por número de personas.

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La población total estimada de Estados Unidos para 2017 era de 325.7 millones, de los cuales se calcula que un 18 % es de origen hispano.

‘Los tribunales deben intervenir y detener esta conducta ultrajante y escandalosa’, afirmó Saenz en un comunicado.

En esta línea, el presidente de AAJC, John C. Chang, aseguró que no permitirán que se continúen presentando planes diseñados para ‘reprimir a las personas’ y convertirlas, de esta forma, en grupos vulnerables.

Chang advirtió de que esta cuestión podría ‘enfriar’ las relaciones comerciales con la comunidad asiática y de las islas del Pacífico.

‘El secretario (estadounidense) de Comercio, Wilbur Ross, (de quien depende la Oficina del Censo) se negó a escuchar nuestras razones, ahora llevaremos nuestra lucha a los tribunales’, concluyó el presidente de AAJC.

Cada diez años, la Oficina del Censo cuenta el número total de personas que hay en el país, no el número total de ciudadanos, pero desde hace más de setenta no pregunta sobre el estado de ciudadanía de los individuos.