La Autoridad de Energía Electrica (AEE) ha logrado recuperar sobre un millón de dólares por el concepto de pronto en deudas vencidas de clientes de los residenciales públicos que se acogieron a los beneficios del proyecto Ponte al Día, al tiempo que dio a conocer los alcances de la nueva Ley 22 de 2016.

‘Desde que iniciamos el proyecto Ponte al Día, a principios de este año, para que clientes de los residenciales públicos de todo el País pudieran pagar sus balances pendientes, activar el servicio y establecer acuerdos de pago con la Autoridad, hemos logrado alcanzar la cifra de $1,024,740.95 en prontos de cuentas atrasadas de unos 6,025 clientes, de 7,719 residentes de la Administración de Vivienda Pública (AVP) que acudieron a las Oficinas Comerciales de la AEE en una iniciativa de ambas agencias. Aún quedan otros clientes a los que se les asignó fechas para acudir a las oficinas comerciales’, dijo Carmen Flores Torres, directora de Servicio al Cliente de la AEE.

Para poder atender los clientes de AVP de forma ordenada se llevó a cabo un itinerario por proyecto o residencial público en donde se informó los días que serían atendidos en las Oficinas Comerciales que corresponda su cuenta. A esos efectos, la Administración de Vivienda Pública coordinó la transportación de los residentes en un orden establecido para los días indicados en el itinerario.

Con la aprobación de la nueva Ley 22 de 2016 conocida como Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los clientes tendrán beneficios y responsabilidades para poder mantener tarifas subsidiadas.

Entre los requisitos para recibir y mantener la tarifa fija subsidiada en los residenciales públicos los clientes deberán: residir en una vivienda que esté físicamente ubicada dentro de un residencial públicos adscrito a la AVP; no tener querellas, notificaciones, o multas administrativas, por intervención de contadores, o hurto de servicio eléctrico.

Para los clientes que tengan deudas vencidas o en atrasos de más de 60 días, se podrán acoger a acuerdos de planes de pagos cuyo pronto no deberá exceder el 10% de la deuda en atraso o $200.00, lo que sea menor. El abono mensual será de $10.00 hasta saldar el balance vencido.

Si el cliente con plan de pagos incumple con pagar 2 meses consecutivos o cualquier otro término del plan de pago, pierde el derecho al mismo y se le podría suspender el servicio. Para volver a tener el plan de pagos, el cliente tiene que abonar $100.00 en adición a las cantidades pendientes de pago del plan de pago y las cantidades pendientes de la tarifa corriente. De igual forma, se podrá adoptar condiciones adicionales si el cliente incumple con su plan de pago en dos o más ocasiones en un periodo de 12 meses.

La ley establece además que si el cliente con subsidio deja de cumplir por más de dos meses consecutivos pierde el subsidio. Mientras que si interfiere con los contadores, cometa sabotaje de los servicios esenciales; someta documentos o brinde información falsa será permanentemente inelegible para subsidios y se le aplicará la tarifa residencial no subsidiada.

Flores Torres dijo que tras la aprobación de la nueva Ley 22 de 2016 se le otorgará un periodo de 30 días a partir del 25 de abril a todos los clientes de residenciales públicos que no hayan puesto sus cuentas al día con la Autoridad y al finalizar ese tiempo, la AEE comenzará el proceso de desconecte por falta de pagos a todos aquellos clientes de residenciales públicos que no hayan llegado a acuerdos con la corporación o no hayan legalizado el conecte del servicio.

‘Nuestro propósito es brindar servicio de energía eléctrica a todos los clientes fuera de situaciones que puedan afectar su calidad de vida. Les exhortamos a los residentes de Vivienda Pública a que acudan a nuestras oficinas, lleguen a acuerdos de pagos o legalicen el servicio antes de que finalice la nueva fecha otorgada a raíz de la aprobación de la Ley 22 de 2016’, puntualizó.

En la AEE, continuamos trabajando en el proceso de recobro por el consumo de energía con los diferentes sectores comercial, residencial, industrial y con las agencias de gobierno que adeudan a la Autoridad, asegurando el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos, sin menoscabar las prerrogativas y derechos de nuestros clientes.