La posibilidad de una demanda recae, según el presidente de Physician Correctional, el doctor Raúl Villalobos, por UTICorp hacer señalamientos «vagos, llenos de supuestos, carentes de fundamentos y fuera de los más mínimos estándares de auditoria médica”.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón dijo a NotiCel que desconocía las intenciones del presidente de Physician Correctional, el doctor Raúl Villalobos, de la posibilidad de que radique una demanda en contra de la compañía UTICorp por difamación en carácter profesional y personal.

Villalobos había desmentido las imputaciones presentadas por la firma de auditoría UTICorp durante una reciente vista pública convocada por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, presidida por el senador José Vargas Vidot.

Representantes de UTICorp, la empresa responsable de la auditoria a los servicios clínicos que presta Physician Correctional al DCR, dijeron durante la vista haberle recomendado a la agencia, en cuatro ocasiones distintas, que colocara al contratista (Physician Correctional) bajo un plan de acción correctiva.

«Me estoy enterando ahora aquí en la vista. Desconozco que ha hecho Physician Correctional de la posible demanda, así que, no conozco absolutamente ningún detalle sobre el particular. Voy a revisar cualquier documento sobre el particular», fueron las expresiones de la secretaria a preguntas de NotiCel.

Estas expresiones se dieron a la salida de la décima vista pública que realizó Vargas Vidot conforme al tema de Ávila Vázquez y la Ley 25.

Villalobos en una audiencia pública, había refutado los señalamientos de UTICorp, aunque reconoció que no las ha visto en papel, las alegaciones de UTICorp, calificándolas de “vagas, llenas de supuestos, carentes de fundamentos y fuera de los más mínimos estándares de auditoria médica”.

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Durante dicha vista, los representantes de UTICorp, Sylvette Rivera, presidenta de la firma de auditoría, y su asesor legal, Jorge E. Galva Rodríguez, presentaron los hallazgos de una auditoría realizada a los servicios clínicos que Physician Correctional presta al DCR.

Según su evaluación, encontraron «deficiencias materiales» en el manejo de los expedientes médicos y la implementación de la Ley 25, que regula los pases extendidos para confinados con condiciones médicas graves.

Galva había también afirmado que, según la auditoría, Ávila no cumplía con los requisitos para acogerse a esta ley, que permite la liberación temporal de confinados con VIH o enfermedades terminales.

Sin embargo, reconoció que UTICorp no tuvo acceso al expediente médico de Ávila Vázquez, lo que, según Villalobos, es contradictorio y genera críticas sobre la validez de su afirmación.

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