Jose Verle Rodrigues , quien no ve a su hija hace 7 meses porque el estado le quitó la custodia por una querella de abuso sexual que nunca ocurrió tras las pruebas medicas a la menor de tres años, es uno de muchos que aún el Departamento de la Familia (DF) no ha resuelto.

Una página de Facebook , que lleva por nombre El Departamento de la Familia secuestró a mis hijos, presenta testimonios de algunos padres que no han podido ver a sus hijos por el proceso burocrático que se lleva a cabo en este tipo de casos.

Aunque el espacio cibernético cuenta con sobre 70 participantes, cabe destacar que en algunos casos los padres han perdido contacto con sus hijos por los años que pasan incomunicados.

Tal es el caso de una mujer identificada en la red social como Blanca Martínez y cuya hija no ha vuelto a ver tras la remoción de la menor hace unas dos décadas.

En entrevista con NotiCel, la administradora de la Administración de Familias y Niños, agencia que se encarga de atender este tipo de situación, Vanessa Pintado, explicó que el proceso en el que el Departamento de la Familia (DF) mantiene la custodia de un menor podría tomar entre 6 meses a un año dependiendo de las circunstancias del caso y del Tribunal que lo atiende.

‘El tribunal deberá celebrar una vista de disposición en un término que no exceda los seis meses a contarse desde que se otorgó la custodia provisional del menor. El término solo podrá ser prorrogado, por seis meses adicionales, una vez exista causas que así lo justifiquen’, indicó la licenciada al señalar la Ley 246 del año 2011.

Asimismo, la administradora aclaró que un menor puede permanecer bajo el cuidado de DF hasta que cumpla la mayoría de edad, 21 años. ‘Si ese menor no regresa por alguna razón al entorno familiar, pues lamentablemene algunos de ellos hasta la mayoría de edad. Pero eso no es lo que queremos realmente’, dijo.

Según Pintado, el proceso para remover a un menor comienza con una llamada a la línea de emergencia del departamento. Los referidos a la agencia de gobierno se hacen por maltrato, negligencia, abuso físico o sexual y son evaluados por un especialista que determina si el niño está en riesgo.

De determinarse que hay fundamento para la investigación, los especialistas de DF establecen un plan de trabajo con los padres y, en otros casos, acuden al tribunal para remover al menor, aunque la última palabra la tiene el juez que atienda el caso.

Los padres que no estén de acuerdo con la decisión del foro judicial, pueden pedir una reconsideración del caso o apelar el mismo en un tribunal superior.

De acuerdo a estadísticas de Familia, unos 5,997 menores permanecen bajo la custodia del estado.

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