Exsecretario del Trabajo así lo reconoce

Entre las teorías que surgen para explicar el acuerdo ‘imperfecto’ entre el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) para derogar la Ley 80 de despido injustificado a cambio de conservar otros beneficios laborales, surge que la eliminación del estatuto facilitaría la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) e, incluso, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

En el caso de la CFSE, aún no se ha presentado un proyecto sobre su venta aunque ha sido tema de conversación. Aún así, el planteamiento del senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Jose Luis Dalmau Santiago, tiene sentido para el exsecretario del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado Zayas.

La Ley 80 protege a los empleados del sector privado de un despido injustificado de su trabajo y establece una indemnización por despido injustificado que se calcula a base de los años de servicio y el salario más alto devengado.

‘En otras palabras, la Ley 80 es lo que garantiza la permanencia en el empleo de cualquier trabajador privado. La eliminación de esta ley en nada resuelve la situación fiscal del gobierno. No existe ningún estudio que sustente un desarrollo económico en el país. Lo único que hace esta ley, es allanar el camino a la privatización de estas corporaciones públicas sin tener que garantizarle el empleo a sus trabajadores. El gobernador y la Junta buscan beneficiar a los posibles inversionistas a costa del empleo de miles de padres de familias que laboran tanto en la AEE y la CFSE’, sentenció Dalmau Santiago en comunicado de prensa.

‘El gobernador que está cediendo es el Gobernador de Puerto Rico. Se dobló ante la Junta de Control Fiscal. No está peleando, llegó a un acuerdo’, reaccionó Delgado Zayas, al tiempo que agregó, ‘Suena lógico lo que el (Senador Dalmau) dice. No se si es verdad, (pero) es obvio que si se elimina la Ley 80 va a ser más fácil vender la AEE, Fondo del Seguro del Estado, escuelas chárter’.

La sección 205 del Título III de la Ley federal PROMESA estipula que la Junta de Control Fiscal (JCF) puede someter recomendaciones al Gobierno de Puerto Rico sobre leyes y órdenes judiciales que inciden sobre las operaciones gubernamentales.

Rosselló canjeó el pago del bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad por la derogación de la Ley 80, dejando en mayor peligro a los empleados del sector privado quienes ya no recibirían liquidación por sus sus años de servicio.

‘Cuando pasen a empresa privada, el patrono lo puede despedir. Si elimino la ley 80, no tengo que pagarle nada’, apuntó el abogado laboral y profesor en diferentes universidades. Delgado Zayas agregó que el pago de liquidación representaría un ahorro sustancial para el empleador.

El Gobernador sostuvo una reunión ayer con los alcaldes federados y los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes se alinearon con el discurso de Rosselló para derogar el estatuto. Esta movida por parte de los alcaldes fue un acto de irresponsabilidad según Delgado Zayas.

‘El Gobernador no estaba obligado a la derogación la ley 80. Es una negociación. Para el Gobernador fue más importante que le aumentaran el presupuesto a Fortaleza y Legislatura que la estabilidad y el empleo de los trabajadores puertorriqueños’, denunció el exsecretario.

Aunque algunos legisladores tambien se han alineado con el discurso de Rosselló Nevares, el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, dejó claro que ‘Si no presentan argumentos que justifiquen la derogación de la Ley 80, no hay ‘presión’ que valga. La dignidad, la sensatez y la razón están por encima de otras consideraciones. Gobernador presente el Proyecto. Lo estamos esperando. Lo atenderemos con el mayor sentido de responsabilidad. Se lo garantizo. La razón no grita, CONVENCE’.

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