Destruyen rápidamente nuestros recursos naturales en opinión del empresario Tomás Ramírez.

La riqueza natural de Puerto Rico es innegable, y nos compete a todos protegerla para las generaciones futuras, y nuestro desarrollo socioeconómico.

Nuestras islas están bendecidas con una abundante diversidad de ecosistemas montañosos y costeros, ríos y playas de ensueño, bosques y manglares frondosos, y arrecifes de coral espectaculares, para mencionar algunos.

Sin embargo, este patrimonio natural está siendo erosionado a un ritmo alarmante debido al abuso y la anarquía de unos pocos irresponsables, la burocracia gubernamental, y la apatía del sistema judicial. Aparentemente, los criminales ambientales gozan de más privilegios y derechos, que el resto de los habitantes, presentes y futuros, de esta bendecida tierra.

Recientemente, la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) resaltaba las acciones legales que se han tomado en Aguadilla, Rincón, Salinas, y Lajas. Y esto es muy encomiable. No obstante, debemos ser más exigentes y reconocer la lentitud al atender estos crímenes ambientales, y los pocos responsables que se han identificado. Mientras celebramos unas pequeñas victorias, el daño ecológico continúa expandiéndose en Bahía Jobos y La Parguera, y han surgido decenas de nuevas actividades ilegales en otros municipios de nuestro archipiélago.

Desafortunadamente, la evaluación durante la otorgación de permisos no es suficientemente rigurosa, la fiscalización en la ejecución es limitada, y la investigación de querellas es lenta y burocrática. Este comportamiento negligente, se combina con las dilaciones constantes en el proceso judicial, causando que se continúe destruyendo nuestro patrimonio nacional, hasta por varios años luego de confirmarse las violaciones. Tras gastos extraordinarios en la investigación y litigación de estos crímenes ambientales, las sanciones impuestas, si alguna, son ridículamente bajas, fomentando la impunidad.

Aunque tenemos leyes y reglamentos ambientales rigurosos, su aplicación es selectiva, dependiendo del involucrado. El haber ignorado, por muchos años, la expansión de construcciones permanentes en zonas costeras protegidas y emblemáticas como La Parguera y la Bahía Jobos, con la anuencia solapada de varias agencias gubernamentales, ha maniatado la capacidad del DRNA de aplicar nuestras leyes uniformemente a través del territorio. Ahora, también avalamos actividades comerciales en estas estructuras ilegales.

Otra tragedia ambiental, ocurriendo impunemente con el conocimiento de la legislatura y las agencias reglamentarias, es la instalación desordenada de vehículos recreacionales en Cabo Rojo, para circunventar el sistema de permisos. El movimiento y relleno de suelos, sin permisos ni supervisión, están causando inundaciones y llevando sedimentos y contaminantes hasta la costa, impactando las playas y la vida marina, sin consecuencias.

Estas y otras deficiencias están plasmadas en estudios oficiales sobre los recursos costeros y las principales cuencas hidrográficas, así como en el Mapa de Costas de Puerto Rico, publicado por Amigos del M.A.R. Estos documentos contienen múltiples ejemplos, con localizaciones específicas, de daños a nuestros ríos y lagos, descargas de aguas usadas, construcciones en la zona marítimo-terrestre, remoción y relleno desmedido de terrenos, pérdida de manglares, y la destrucción de hábitats, entre otros. Es imperativo que el DRNA pueda detener estas actividades, mientras se culmina el proceso investigativo, y se implantan medidas de mitigación.

La destrucción ambiental que enfrentamos en Puerto Rico es seria, es real, y es urgente atenderla. Unos pocos irresponsables nos roban la capacidad de utilizar ordenadamente nuestros valiosos recursos naturales para el disfrute recreativo, generar actividad económica sustentable, y crear nuevos empleos.

Es apremiante fortalecer la capacidad fiscalizadora del DRNA, y agilizar los procesos de investigación, junto a sanciones rápidas y substanciales, mientras aumentamos la educación para inspirar la conservación y la sustentabilidad.

El futuro socioeconómico de Puerto Rico depende de las acciones que tomemos hoy, para salvaguardar nuestros recursos naturales para el beneficio de las generaciones del mañana.